COVID-19 RD
Confirmados: 124,843 Fallecidos: 2,225 Recuperados: 103,081 Activos: 19,537 Actualizado el: 27 octubre, 2020 - 1:49 AM (-04:00)
Destacadas de CiudadOriental.comOpiniones

La responsabilidad patrimonial ante la ineficiencia de los servicios públicos de las alcaldías

COVID-19 República Dominicana

Confirmados:
124,843
Fallecidos:
2,225
Recuperados:
103,081
Activos:
19,537
Actualizado el: 27 octubre, 2020 - 1:49 AM (-04:00)

Por Raquel Cruz Díaz 
Históricamente en nuestro país las ciudades no han sido concebidas para la gente, pareciera que son confeccionadas dando más prioridad a los vehículos, pues los esfuerzos se concentran esencialmente en las calles, restando importancia a las aceras. En construcciones desde su origen o por mantenimiento inadecuado no hay aceras para personas con discapacidad, por ejemplo para no videntes o que su desplazamiento sea en silla de ruedas, tampoco hay posibilidad para madres que deban empujar a sus infantes en coche, o para niños, como en la mayoría de nuestros barrios, que deben desplazarse a pies hacia sus escuelas,  de esta forma las personas han quedado siempre en un plano de importancia poco preponderante en el concepto ciudad.

Si una joven madre con un bebe en coche se desplaza por la acera, y un desnivel por una rampa en la misma hace que aquella señora continúe su marcha, pero esta vez por la calle y esto le provoca alguna afectación; si un niño, un envejeciente o una persona con discapacidad motriz o cualquier ciudadano tiene un accidente provocado por un enorme hueco sobre la acera, producido por la falta de tapa en un filtrante; ¿Quién debe responder por este daño?

Siendo el Ayuntamiento, según el art. 19 de la Ley 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios el gestor del espacio público que tiene a su cargo la construcción y conservación de las aceras, ¿Tendría como autoridad municipal responsabilidad ante daños que sufren los particulares en estas circunstancias?

La legislación y la jurisprudencia Dominicana han establecido que sí.

La responsabilidad patrimonial del Estado encuentra su base legal principal en el artículo 148 de la Constitución de la República Dominicana, estableciendo condiciones para la misma tales como la calidad del agente que comete el perjuicio, pues debe tratarse de un ente público o de un ente de derecho privado que actúa por delegación pública como concesionario de esta última, el daño debe ser real y verificable y surge de una acción u omisión tipificada como antijurídica o fuera del ordenamiento jurídico.

La responsabilidad patrimonial descansa sobre la ocurrencia de un daño, esto quiere decir que debe existir el detrimento patrimonial o perjuicio de quien sufre la acción o la omisión del Estado, y que produce una lesión.

El art. 59 de la Ley 107-13, al referirse al daño indemnizable, establece que este es el daño de cualquier tipo, patrimonial, físico o moral, por daño emergente o lucro cesante, siempre que sean reales y efectivo, marcando especial atención a que la prueba del daño corresponde al reclamante.

Además la ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios establece en su artículo 113 que “Los municipios responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o empleados, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa”.

En el ejercicio de la función administrativa, las administraciones se ajustan al principio de universalidad del control, puesto que no hay acto administrativo excluido de pasar por el cedazo jurisdiccional. 

Es a través de la jurisdicción contencioso administrativa que se ejerce el control de la administración con el fin esencial de garantizar los derechos de los administrados, esta jurisdicción es pieza angular de la democracia pues es garantía de que la administración se someta al ordenamiento jurídico y de no ser así,  puede el administrado exigir el cumplimiento de la subordinación jurídica de las administraciones por ante los tribunales, quedando a cargo de estos el control sujeto a sanciones que pueden traer consigo la nulidad del acto administrativo y responsabilidad patrimonial del Estado así como de los funcionarios ante las actuaciones u omisiones de la administración pública. 

La Sentencia número 0030-04-2019-SSEN-00102, de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo,  sobre la solicitud de indemnización del Estado a través del INAPA por el motivo de la caída de una ciudadana en un medidor de agua sin la cobertura superior necesario para un correcto desplazamiento; a lo que, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) se defendió indicando que al no demostrarse una acción u omisión antijurídica no existe responsabilidad patrimonial conforme a la Ley 107-13, toda vez que el robo sistemático de las tapas de metal de las alcantarillas y medidores para fines de venta, es “de conocimiento de todos”, situación por la que sale del ámbito de la responsabilidad de la institución recurrida y del Estado Dominicano cualquier daño ocasionado por la falta de estas tapas. 

En este sentido el tribunal estimó “indispensable esclarecer que la responsabilidad patrimonial del Estado Dominicano, aun de manera excepcional, cuenta con dos vertientes, siendo la primera la más empleada, la subjetiva, en la que como indica la demandada se necesitan los elementos constitutivos para poder extraerse una indemnización, en cambio la responsabilidad objetiva en la que puede incurrir la administración pública, tiene vigencia en el ordenamiento jurídico, a lo que, en aplicación de una sana teoría del derecho se refleja, que sus efectos alcanzan al presente caso por haberse producido la caída de la demandante”.

Como bien es sabido, en el ordenamiento jurídico contemporáneo no solamente se reconoce el derecho a resarcimiento que tiene el administrado a partir de una conducta culposa o dolosa, de alguna forma la reparación también puede generarse ante una actuación que aunque no esté prevista de culpa haya generado un daño y la víctima pueda demostrarlo.

La responsabilidad de la administración o del servidor público es subjetiva cuando la misma observa un comportamiento culposo o doloso, o sea de algún modo negligente, que tiene como resultado una conducta que sea generadora de un daño, la administración en ésta responsabilidad patrimonial subjetiva no solamente provoca un daño, sino que el mismo debe ser con una intención dolosa ejecutada por quien lo crea.

En contraposición, la responsabilidad patrimonial objetiva simplemente tiene como fin verificar que la actuación produjo un resultado dañoso sin ser relevante que el mismo no haya sido cometido con culpa y que sea el resultado de una actuación dolosa, lo que realmente tiene preponderancia en este tipo de responsabilidades es la materialización del daño, la relación que existe entre éste y su comisión por parte de la administración, o por un funcionario público, no necesariamente con una conducta negligente, pero que si sea comprobable que existe un resultado dañoso que ha perjudicado al administrado y que el mismo no está en deber jurídico de tolerarlo.

El hecho de que se desprendiera la tapa de cobertura del filtrante constituye una omisión de una obligación de mantenimiento, seguridad y garantía de un equipamiento que se encuentra bajo una dependencia del Estado, cuya omisión en su atención produjo un daño a la demandante y por ende compromete la responsabilidad civil, ya que el daño causado a desmejorado la calidad de vida de la misma por la caída que ha sufrido, la demandante pudo demostrar el daño con evidencias de sus gastos, lesiones y lucro cesante.

Ante el alegato de que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) no le corresponde reparación por el daño causado por alegar estos que las tapas son sustraídas en actos vandálicos, el tribunal ha estimado este alegato insuficiente e inaceptable, basándose en que el hecho que pudo haberse evitado con “un cuidado riguroso de las vías públicas, admitir lo anterior, implicaría que situaciones de mayor raigambre sean impunes y desvirtúan el fin mismo de la responsabilidad patrimonial, que no es más que la corrección de una conducta incorrecta, en estos casos por parte de la Administraci6n Pública”.

Nuestro Estado Social y Democrático de derecho tiene su fundamentación en el respeto a la dignidad humana, en un Estado con estas características la lesión causada por el mismo debe ser expresada en responsabilidad y comprometer la misma patrimonialmente.

Tal y como ha expresado el autor Otto Mayer, “La administración es un gigante y por más que se agache será siempre un gigante” 

Pero ya no aceptamos más aquellos tiempos donde no habían límites a una discrecionalidad administrativa que indefectiblemente se traducía en arbitrariedad, el derecho fundamental a la buena administración y al buen gobierno deben concretarse en cada acción de la administración, con un poder limitado por la Constitución y las leyes.

Compartir:
Etiquetas
Botón volver arriba
Cerrar