La seguridad jurídica como garantía del progreso y la inversión en la República Dominicana
Por Josefina Fernández
El 22 de octubre, mientras las lluvias azotaban la República Dominicana, el país no se detenía. En la feria FITCE, el diputado Edward Cruz promovía al país destacando su estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido desde los años 90. Asimismo, resaltaba su excelente ubicación estratégica en el Caribe, así como la red de puertos y aeropuertos que nos conecta con Estados Unidos, Europa y el resto del mundo.
Además de subrayar que la República Dominicana es la puerta de entrada al Caribe y a las Américas, y un punto logístico ideal para la exportación y distribución regional, el diputado destacó la mano de obra calificada, la hospitalidad de los dominicanos, la infraestructura moderna y la conectividad del país, junto con el potencial del turismo. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la mención sobre la seguridad jurídica, motivo por el cual escribo este artículo.
Desde la promulgación de la Ley 16-95 sobre Inversión Extranjera, la República Dominicana dio un paso firme hacia la modernización de su sistema económico y la creación de un entorno favorable para la inversión internacional. Esta ley garantiza la igualdad de trato entre inversionistas nacionales y extranjeros, la libre repatriación de capitales y utilidades, y la protección frente a expropiaciones no justificadas por utilidad pública. Además, establece los canales de registro y acompañamiento a través del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), que juega un papel esencial en la promoción y seguimiento de las inversiones.
El marco jurídico dominicano se ha fortalecido con leyes que amplían la confianza empresarial, como la Ley 8-90 sobre Zonas Francas Industriales, la Ley 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico y la Ley 57-07 sobre Energías Renovables, ofreciendo incentivos y estabilidad a largo plazo, y asegurando que los proyectos se desarrollen en un entorno de seguridad regulatoria y continuidad fiscal.
A nivel internacional, la República Dominicana ha demostrado compromiso con la integración económica y la protección de las inversiones. La adhesión al Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA ha sido fundamental, pues no solo amplía el acceso al mercado estadounidense, sino que incorpora mecanismos de arbitraje internacional y protección a la inversión extranjera. Asimismo, el Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con la Unión Europea y los tratados bilaterales con países como España, Francia, Corea del Sur y Chile consolidan la imagen del país como un socio confiable en el comercio global.
El país también forma parte de la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros y del CIADI, garantizando que cualquier controversia pueda resolverse bajo estándares internacionales, reforzando la confianza en el respeto al derecho internacional.
A veces criticamos nuestro país, pero al salir al exterior nos alegra ver cómo se elogia a la República Dominicana por mantener la seguridad jurídica como política de Estado, asegurando que siga siendo un destino de oportunidades, estabilidad y crecimiento.
La autora es abogada y analista de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Santo Domingo Este