Los derechos de la víctima del delito en el proceso penal dominicano: del olvido a la centralidad.
A lo largo de la historia, el proceso penal en la República Dominicana ha enfocado su atención en el imputado y esto se demuestra con la protección efectiva de los derechos del imputado como lo representa la defensoría pública, con el objetivo de salvaguardar sus derechos frente al poder punitivo del Estado. Esta perspectiva ha relegado a la víctima a un rol testimonial y pasivo, negándole la posibilidad de participar activamente en la búsqueda de justicia de una manera más compasiva. Sin embargo, en los últimos años, se ha impulsado un reconocimiento más amplio de los derechos de la víctima, aunque su ejercicio efectivo sigue enfrentando desafíos. Este artículo busca reflexionar sobre dicha transición, abordando los principales retos y proponiendo una visión centrada en la persona agraviada como sujeto pleno de derechos de una forma más humana.
- Puede Interesarle: Los ciberdelitos o delitos cibernéticos, su prevención y persecución en la República DominicanaPor ello, hay que iniciar con el concepto ampliado de víctima: más allá de la definición legal. El Código Procesal Penal dominicano (2002) describe como víctima a cualquiera que sufra un daño debido a un delito.Esta definición se enriquece con la victimología, la cual introduce variables sociales, psicológicas y económicas permitiendo una comprensión más integral del fenómeno. Las instituciones tienden a centrarse solo en la «víctima ideal», aquella vista como inocente y vulnerable, dejando de lado a quienes no se ajustan a ese perfil.La trayectoria de los derechos de la víctima en el proceso penal dominicano se ha destacado mediante una mirada enfocada en el imputado hacia una que reconoce progresivamente la dignidad, participación y protección de la persona afectada por el delito de manera más completa.
Por ello, se debe analizar la revictimización secundaria como aquella que sufren las víctimas como consecuencia del contacto con el sistema de justicia. Esta se puede manifestar en interrogatorios repetitivos, exposición pública innecesaria, demoras procesales y negligencia institucional. En la República Dominicana, estas prácticas persisten debido a falta de sensibilización y capacitación del personal judicial y fiscal. La ausencia de atención psicológica y de protocolos adecuados de recepción de denuncias pueden convertir el proceso penal en un espacio de doble victimización. En el país, una gran parte de las fiscalías carecen de equipos multidisciplinarios y los escasos servicios existentes no cuentan con la cobertura nacional necesaria.
Asimismo, la desigualdad y debilidad normativa en la protección de la víctima, aunque el Estado reconoce formalmente ciertos derechos de las víctimas, como el acceso a la información, la participación en procesos legales y la reparación del daño, la implementación efectiva de estos derechos ha sido inconstante. Esto se debe a la falta de mecanismos obligatorios, presupuestos específicos y organismos responsables de garantizar que esos derechos se cumplan. “La víctima debe ser escuchada antes del ministerio público dictaminar sobre su caso, pero en la realidad se obvia este requerimiento sistemáticamente”. Además, los servicios de defensa pública solo apoyan al imputado, dejando a la víctima sin protección legal a menos que pueda pagar representación privada.
Igualmente, la simplificación de los tipos penales, la falta de participación de las víctimas en el proceso, la ausencia de reparación colectiva y la desconexión entre el Ministerio Público y las personas afectadas. Las víctimas no siempre han informadas, no recibieron apoyo psicológico ni asistencia legal, y el caso se cerró sin reconocer su sufrimiento ni identificar responsables más allá del ámbito administrativo.
Para revertir esta situación de exclusión, es indispensable implementar un enfoque centrado en la víctima en el proceso penal dominicano. Algunas sugerencias incluyen: La protección de las víctimas requiere cambios estructurales en el sistema de justicia dominicano. Es fundamental dotar a todas las fiscalías de centros integrales de atención y garantizar el financiamiento de programas de acompañamiento legal, tratamiento psicológico y reparación del daño. Asimismo, es necesario fortalecer el rol de la víctima en el proceso a través de reformas legales y la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa. Para tener un impacto duradero, se debe diseñar una política pública nacional que ponga a la víctima en el centro del sistema.
Indudablemente, la reforma debe ir más allá de meros cambios legales. Se requieren acciones concretas que aseguren el ejercicio efectivo de los derechos de quienes han sufrido un delito. Por demasiado tiempo, el enfoque se ha centrado exclusivamente en el imputado, descuidando el sufrimiento de la víctima. Si bien es cierto que se ha avanzado en el reconocimiento normativo de sus derechos, la realidad demuestra que la revictimización y la desigualdad siguen siendo problemas graves.
A partir de la conceptualización de víctima, se aborda la problemática de la victimización secundaria, las desigualdades estructurales inherentes al sistema y las limitaciones normativas existentes. Como ejemplo paradigmático, se examina el caso del desplome del techo ocurrido en la discoteca Jet Set, con más de 235 afectados que perdieron la vida y más de 180 lesionados, donde la tipificación se limitó a homicidio involuntario, fallando en reconocer adecuadamente el sufrimiento de las víctimas. El análisis pone en evidencia la fragilidad institucional y la urgente necesidad de reformas que sitúen a la víctima en el centro del proceso penal dominicano de una forma más compasiva. Ha llegado el momento de pasar del olvido a la priorización, de las palabras a los hechos, para consolidar un sistema penal que garantice verdaderamente la justicia, la reparación y los derechos humanos de todos.
Por ello, se debe pasar de la retórica a la acción y en este sentido, la Procuraduría General de la República está impulsando una propuesta para un modelo centrado en la víctima, con la apertura y llamado a concurso de 100 abogados especializados en representación y defensa de los derechos de las víctimas en todo el territorio nacional, sumado los 21 abogados que ya han sido especializado en la materia con el grado de Maestría en Victimología Aplicada a través del Instituto de Educación Superior, Escuela Nacional del Ministerio Público.
A pesar de los avances normativos recientes, existen desigualdades significativas que afectan a las víctimas de crímenes en la República Dominicana. La aplicación dispar de la legislación, la escasez de recursos y las interpretaciones restrictivas de las leyes pueden dejar a las víctimas en una situación precaria. De lo anterior se desprende que, el proceso penal dominicano enfrenta un desafío complejo al requerir una perspectiva más equilibrada entre el imputado y la víctima como sujeto con derechos. La revictimización, la desigualdad y las fallas jurídicas demuestran que el sistema aún no logra brindar una respuesta satisfactoria ante el sufrimiento causado por un delito.
En definitiva, el reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas en el proceso penal dominicano resultan fundamentales para garantizar la justicia y una reparación integral. Si bien se han logrado avances, la centralidad de la víctima en el proceso judicial continúa siendo un desafío pendiente, que requiere modificaciones normativas y una aplicación efectiva de las leyes existentes.