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MPD condena ejecuciones perpetradas por PN; exige actuación del MP

Comunicado del Núcleo Jurídico Hilda gautreax del MPD
El pasado domingo 26 de agosto una patrulla de la Policía Nacional, en su práctica consuetudinaria, ejecutó en Higüey, de manera pública y antijurídica, una acción que culminó con el asesinato de cuatro jóvenes (supuestos delincuentes), con el solo pretexto de que los mismos eran “mata policías”.

Uno de esos jóvenes fue entregado vivo y desarmado, por la población del sector Los Rosales de dicha ciudad, quienes utilizaron la mediación del abogado Eusebio Polanco Sabino para entregarlo, a fin de salvarle la vida y que enfrentara en los tribunales la acusación que se le formulara.

Ese joven fue entregado a una patrulla policial estando en pantaloncillos y absolutamente desarmado, tal como consta en videos, y en consecuencia, no presentaba ningún peligro. Pero luego apareció asesinado y con una pistola encima. Obviamente, se trata de una vulgar ejecución policial.

El Núcleo Jurídico Hilda Gautreaux del Movimiento Popular Dominicano-MPD- llama a la comunidad jurídica y al pueblo en general a que rechace la vieja y perversa práctica de las ejecuciones extrajudiciales o las tristemente célebres “cartas blancas” de los tiempos de Trujillo y de Balaguer.

No defendemos la delincuencia ni objetaremos el trabajo policial cuando el mismo esté orientado a la investigación dirigida por el Ministerio Público para llegar a la verdad de los hechos y concluir con un verdadero proceso, donde paguen los responsables de actos violatorios de la Ley.

Creemos en la actuación de una policía científica y exigimos respeto a los derechos humanos.

Repudiamos la mala práctica de una banda policial que debe ser disuelta de manera completa para acabar con toda esa lacra de criminales antisociales que forman parte de las filas policiales. La Policía tiene que ser reconstruida totalmente.

Esas ejecuciones extrajudiciales no sólo cubren con su sombra a la Policía Nacional, sino también al Ministerio Público, que se hace de la vista gorda ante hechos tan abominables como este.

Y peor aún, el órgano que debe ser investigativo justifica y repite lo que dice la Policía Nacional, al levantar los cadáveres y corroborar que cayeron en un “intercambio de disparos”.

Es una práctica que se repite a diario en cualquier parte del país.

Tanto la policía nacional, como el Ministerio Público, deben respetar lo que establece la Constitución en sus artículos 68 y 69 sobre la garantía de los derechos fundamentales, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

Por la forma en que ocurrieron los hechos, entendemos que la policía no sólo quería hacer su justicia sucia como acostumbra, y montar toda una propaganda mediática de que se está “combatiendo la delincuencia”, sino también callar esas voces que probablemente tuvieran mucho que decir, pues está demostrado que la policía está involucrada en un alto porcentaje de todos los hechos delincuenciales que ocurren en República Dominicana.

En hechos tan horrendos como este, y como en cualquier hecho criminal, existen varios tipos de responsables: los autores intelectuales y autores materiales, que a la vez tienen varias ramificaciones: cómplices por comisión y por omisión.

Aquí, como en muchos otros casos, el Ministerio Público se ha convertido en cómplice, pues no se ha pronunciado estableciendo la verdad en al menos esa ejecución.

No solo es delincuente aquel que roba un celular y mata a un policía o a un ciudadano común, sino también el policía que se dedica a robar, y que se asocia para cometer delitos. También es criminal aquel que después de apresar a un ciudadano que se presume delincuente, y de tenerlo bajo su control lo asesina, como sucedió en el caso de esos supuestos criminales ejecutados en la provincia La Altagracia.

Esperamos que el Procurador Fiscal de La Altagracia, Lic. Edwin Encarnación, inicie una investigación seria para someter a la justicia a los policías responsables de ese crimen. Que recuerde dicho Procurador que existen pruebas fehacientes de que uno de esos supuestos delincuentes fue entregado con vida y sin un rasguño. Los responsables del crimen deben pagar por el hecho.

El Código Procesal Penal dentro sus principios rectores contempla en su artículo 10 la Dignidad de la persona, y por tanto a esos supuestos “delincuentes”, debió respetárseles ese sagrado principio, guardando la integridad física de los mismos, y respetando también el debido proceso para que se llegara a un esclarecimiento de los presuntos “homicidios de policías”.

Las ejecuciones extrajudiciales tienen que ser repudiadas y enfrentadas de manera firme por el pueblo, pues las mismas traen el retroceso de un sistema acusatorio a un sistema inquisitorio, en donde los policías pueden justificar el crimen, a la vez que encubren su propia participación en hechos delincuenciales. Si permitimos esa práctica, estaríamos volviendo a los “doce años” del genocida Joaquín Balaguer, donde la vida en manos de la policía no valía nada y se perdieron muchas personas que no habían cometido ningún delito, y que posteriormente aparecían con un prontuario delictivo, fabricado por la institución del desorden y el crimen legitimado por el Ministerio Público.

Como jefe de la investigación, el Ministerio Público tiene que asumir su rol y no comportarse como subalterno de la policía. Hoy los familiares de esos policías, supuesta o realmente asesinados, no podrán obtener una verdadera justicia, porque las pruebas están siendo diluidas por su propia institución. ¿Y si los hoy asesinados no fueron los responsables de esos homicidios de policías? ¿Y si hubo algún poderoso envuelto en esos hechos? Simplemente quedarán impunes.

Este núcleo jurídico del MPD advierte que no se quedará callado, y en ese sentido responsabiliza al coronel encargado de la 25 compañía de la policía, destacada en Higüey, y al director general de la institución, de cualquier cosa que le pueda pasar al LIC. EUSEBIO POLANCO SABINO, quien encabezó la entrega de uno de esos jóvenes, con vida, totalmente desarmado y sin ninguna lesión. Exigimos que el Ministerio Público sea responsable e inicie la investigación, que no se haga cómplice por omisión y cumpla con su rol de jefe de la investigación.

Exigimos justicia para los ciudadanos que han sido asesinados por delincuentes comunes, pero también para las personas que han sido ejecutadas por policías y elementos poderosos. Exigimos justicia en los casos de Mario Vladimir Lantigua Baldera, dirigente del FALPO en San Francisco de Macorís, asesinado por la Policía Nacional el día 1 de agosto del presente año, y de Radhamés Féliz y Féliz, también ejecutado salvajemente por la banda policial en Bonao, el 18 de mayo del 2016.

Basta de ya de ejecuciones extrajudiciales.

Alto a la corrupción. Fin a la impunidad en todas las vertientes.

Agosto, 2017

NUCLEO JURIDICO HILDA GAUTREAUX
DEL MOVIMIENTO POPULAR DOMINICANO

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