Por Nelia Rodríguez
Usuarios de paneles solares denuncian que se invitó a supuestos comunitarios ajenos al tema, con el fin de reducir la participación de quienes serían afectados por las medidas contempladas en el nuevo reglamento que se pretende aplicar. Esta situación preocupa a todas las personas con un mínimo de inteligencia y sentido patriótico
La Superintendencia de Electricidad perjudica al medio ambiente y la economía del país, incrementa las pérdidas de las distribuidoras de energía y podría causar más apagones. De aprobarse este reglamento, que penaliza y dificulta el uso de paneles solares, se eliminaría el incentivo para adoptar esta fuente de energía renovable. Esto forzaría a los usuarios de paneles solares a depender del sistema convencional, aumentando la demanda de energía. Con una mayor demanda, las distribuidoras tendrían que adquirir energía de generadores que usan combustibles fósiles, encareciendo los costos operativos. Esto no solo incrementaría las pérdidas de las distribuidoras, sino que también podría traducirse en facturas más altas y más apagones para mitigar dichas pérdidas.
Algunos usuarios de paneles solares denunciaron que la Superintendencia de Electricidad intentó minimizar el rechazo al cambio de reglamento. Según ellos, se invitó a la vista pública a personas que desconocían el tema, con el objetivo de reducir el número de expositores que podrían verse perjudicados por un reglamento que, según advierten, podría llevar a la República Dominicana a una situación similar a la de Haití. Mientras el mundo avanza en la protección del medio ambiente y la promoción de la energía renovable, el país impone obstáculos que limitan el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este reglamento, de ser aprobado, obstruiría la solución más rápida y económica para superar la actual crisis eléctrica: los paneles solares instalados en los techos.
Para comprender la importancia de los paneles solares para la sociedad, imaginemos que en 2025 un millón de familias instalan paneles solares y que la mitad de las medianas empresas también lo hacen. Este simple paso podría resolver las pérdidas de las distribuidoras, beneficiando incluso a quienes no usan paneles solares. Esto se debe a que el exceso de energía generado, con un contador bidireccional, podría suplir a 200,000 familias o más, reduciendo las facturas de electricidad de la población en general.
Sin embargo, si el nuevo reglamento entra en vigor, en lugar de incentivarse la instalación de paneles solares, habría un aumento de consumidores regulares que no contribuyen al sistema energético, lo que agravaría las pérdidas y afectaría aún más la sostenibilidad del sector eléctrico.
Todos los usuarios de paneles solares me informan que la nueva versión del reglamento, recientemente puesta en consulta por la Superintendencia de Electricidad, es aún peor que las anteriores. Este reglamento busca arrebatar a los usuarios de paneles solares una parte considerable de los beneficios que reciben del sol, mientras se les transfieren el costo de las ineficiencias y las pérdidas de las distribuidoras.
Los usuarios argumentan que esta propuesta es contraria a la visión y al espíritu de la Ley 57-07 de Incentivos al Desarrollo de las Energías Renovables, que establece que se debe promover el uso de energías renovables por los beneficios que aportan al país y al planeta.
Según los usuarios de paneles solares, la propuesta que busca reemplazar la actual normativa de Medición Neta, vigente desde 2011 bajo la Ley 57-07, lejos de impulsar el desarrollo de las energías renovables, impone barreras que podrían frenar su crecimiento tanto en hogares como en empresas.
El reglamento actual debe modificarse para hacerlo más atractivo, pero nunca con el fin de obstaculizar el desarrollo de la energía renovable.
Los propietarios de paneles solares insisten en que el reglamento defendido por supuestos «comunitarios» aumenta la burocracia, lo cual va en contra de la Ley 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites.
En definitiva, mientras todos los países del mundo se encaminan hacia el aumento de la energía renovable, los intereses y ambiciones de grandes corporaciones y funcionarios que actúan en contra del interés nacional pretenden convertir a la República Dominicana en un estado fallido, similar al vecino país de Haití.
