Operación Calamar: El drama al desnudo de un robo de estado sin precedentes en la historia dominicana

Por Manuel Soto Lara
Se comenta que la solicitud de medida de coerción en el Caso Calamar tiene 2,120 páginas. Lo que nadie ha dicho es que en las primeras 44, vamos por 34 mil 889 millones, de los cuales 14 mil 436 lo habrían distraído para la campaña del PLD.

Leí en la solicitud de medida de coerción que todo comenzó en 2019, cuando el entonces presidente Danilo Medina convocó a su despacho a sus principales funcionarios, entre ellos Donald Guerrero, ministro de Hacienda; José Ramon Peralta, ministro de la Presidencia; Simón Lizardo, director del Banco de Reservas y a Francisco Pagán, director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y le ordenó buscar el dinero de las primarias del 2019 y de las elecciones del 2020 del PLD;

Simón Lizardo delegó en Andrés Guerrero, un subalterno suyo que se desempeñaba como Contralor en el Banco de Reservas. Constituidos en comité de finanzas del partido de gobierno, contactaron al señor Bolívar Ventura, contratista al que el Estado debía un promedio de mil millones de pesos, y le pidieron dinero a cambio de pagarle la deuda. Este ofreció 200 millones; pero ellos querían más. Finalmente le pagaron a la víctima, y le quitan un promedio de 528 millones. ¡¡Quien se atrevería a negarse??

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Esta extorción fue pagada en 11 transacciones del Banreservas que está frente a la Lotería Nacional, en La Feria, y entregados por Luis Joaquín Feliz, empelado del ingeniero Ventura a la estructura mafiosa. Esto lo facilitaba el Contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño Santana.

Pero necesitaban más dinero para la campaña y para lucrarse. Por eso le exigieron más dinero a Ventura; pero este se negó. Estaba quebrado, alegó. Entonces, Donald Guerrero y Francisco Pagán, idearon un plan. Un formato que no le perjudicaría en término financiero. Aquí entra el director técnico de la OISOE, Víctor Encarnación Montero.

Se constituyeron en un laboratorio del crimen. Comenzaron a adulterar cubicaciones; algunas, inclusive, cerradas porque ya la obra se había concluido. Se inventaron obras adicionales que el ingeniero Ventura nunca construyó; falsearon los informes de volumetría. Así el pueblo pagaba deudas que no debía.

Tenían que ponerle fecha retroactiva para que pudiera calificar como deuda pública, y se la pusieron. Donald Guerrero, como director de Hacienda, pagaba. Ya había entrado por la “alfombra morada” la directora de Reconocimiento de Deuda Pública, señora Princesa Alexandra García Medina, así estafaron al pueblo con otros 704 millones 298 mil pesos. ¡Esos muchachos no son el mejor ejemplo!

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Pero la cosa no para ahí. Continuaron con esa modalidad criminal. Al menos 4 empresas de Bolívar Ventura, a través del empleado Luis Joaquín Feliz, en 17 libramientos del Ministerio de Hacienda, pagaron 2 mil 185 millones de pesos, de los cuales 1,231 millones, estafados al pueblo, le fueron entregados a la coalición de funcionarios para la campaña de El Penco.

Pero eso no era suficiente. Dan otro golpe de 31 mil millones de pesos. Le explico como lo hicieron. Aquí Donald Guerrero involucra a los empresarios Ramon Emilio Jiménez Collie (Mimilo Jiménez) y a José Arturo Ureña. También entran a la escena a Fernando Crisóstomo, de quien tenían conocimiento que manejaba muchos expedientes de deuda pública.

Seleccionan los expedientes: El Área Protegida Parque Nacional del Este, (Cotubanamá), en Higüey; una Parcela ocupada por el Aeropuerto Internacional de las Américas; Unos terrenos del malecón, en Santo Domingo Oeste; los terrenos del Merca Santo Domingo, etc.

Estos terrenos, entre otros, pertenecían al Instituto Agrario Dominicano (IAD), al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y a la Dirección Nacional de Bienes Nacionales. Aquí esa estructura del más alto nivel “pone en causa” al ahora encartados Luis Miguel Piccirilo, entonces director del CEA. También a los directores de Bienes Nacionales y del Instituto Agrario Dominicano.

Activan el laboratorio de falsificaciones y simulaciones. Hicieron sesiones de créditos simulando deudas inexistentes, a nombre de personas físicas y morales. Fernando Crisóstomo improvisa compañías de carpeta. Le cobran al Estado 31 mil 147 millones de pesos; de los cuales unos 12 mil millones de pesos, que el pueblo no debía, se habría robado esa estructura para gastos de campaña y lucro personal.

A juzgar por el contenido de esas primeras 44 páginas de la imputación que le hace el ministerio público, stos muchachos no son un ejemplo Duartiano.

En el misterio público hay gente que se la está jugando por el pueblo. Todos fuimos testigos cuando el gobierno de entonces se apropió el ministerio público e intervino la justicia desde el más alto nivel. Muchos están sometidos a prueba. “Por sus hechos los conoceréis”