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Comunicado
rente a las acciones anunciadas por el Gobierno dominicano en materia migratoria, manifestamos con firmeza nuestro más profundo rechazo a estas medidas fascistas que, bajo el disfraz de seguridad nacional, ocultan una estrategia de exclusión, criminalización y persecución contra la población inmigrante, especialmente contra nuestros hermanos y hermanas haitianas.
Militarizar comunidades, aumentar la vigilancia fronteriza, endurecer leyes migratorias, condicionar el acceso a servicios básicos, e impulsar una supuesta «dominicanización del empleo», no es gobernar con justicia: es gobernar con autoritarismo. Estas medidas no sólo son inhumanas, sino peligrosamente cercanas a ideologías de odio que ya han causado demasiado dolor en la historia.
UNA CONTRADICCIÓN VERGONZOSA
Resulta una vergüenza y una contradicción que el presidente Luis Abinader, nieto de inmigrantes árabes, quien en su momento de candidato presidencial se pronunció contra la Sentencia 168-13 por considerarla racista, ahora designe -de nuevo- al fascista Milton Ray Guevara para reformar la normativa migratoria. Recordemos que fue bajo la presidencia de Ray Guevara en el Tribunal Constitucional, que se emitió la mencionada sentencia, la cual despojó de su nacionalidad, retroactivamente al 1929, a miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, incluyendo al líder negro José Francisco Peña Gómez -fallecido-. Esta incoherencia refleja una falta de compromiso con los principios de igualdad y justicia.
La República de Haití atraviesa el peor momento de su historia reciente. Bandas armadas paramilitares dominan vastas zonas del país, imponiendo terror a una población que vive entre el hambre, el desplazamiento y la desesperanza. La ONU ha denunciado que estas bandas están fuertemente armadas con equipos provenientes de Miami, EEUU y que parte de ese armamento ha sido traficado desde la República Dominicana, incluyendo armas de la Policía Nacional dominicana. Además, se ha evidenciado que nuestro país ha servido como puente en la triangulación de armas ilegales hacia Haití, lo cual evidencia una grave complicidad estructural que jamás se menciona cuando se criminaliza al pueblo haitiano que busca sobrevivir.
La política de buen vecino debe prevalecer en nuestras relaciones diplomáticas con Haití. Cuando Colombia enfrentó una terrible guerra interna, una gran masa de colombianos fueron emigrando a Venezuela, donde el Estado sin racismo, sin odio y sin negarles derechos, nunca les impidió el acceso a hospitales ni se les pidió demostrar arraigo para ser atendidos. Eso es lo que se espera de los Estados que respetan la dignidad humana, los Derechos Fundamentales y el derecho internacional por encima de cualquier ideología o frontera. Culturalmente, Venezuela sigue siendo Venezuela.
Contrario a la narrativa que presenta a Haití como una carga, las cifras demuestran lo contrario. En 2023, las exportaciones dominicanas hacia Haití alcanzaron los 857.2 millones de dólares, consolidándolo como nuestro segundo socio comercial más importante después de Estados Unidos. Ignorar esta realidad es no solo deshonesto, sino también perjudicial para nuestra propia economía.
Los trabajadores haitianos son pilares fundamentales en sectores claves de nuestra economía:
Agricultura y ganadería: Su labor sostiene la producción que alimenta a nuestra nación.
Construcción: Son la fuerza detrás del crecimiento urbano y de infraestructura.
Turismo: Contribuyen significativamente en la industria que proyecta nuestra imagen al mundo.
Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017), la población inmigrante haitiana aporta un 7.4% al Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana . Este dato subraya que su contribución económica es 16 veces mayor que el gasto público destinado a servicios para esta población. Criminalizar y perseguir a quienes tanto aportan es una muestra de ingratitud y miopía económica.
La pobreza en República Dominicana no es consecuencia de la migración haitiana. Es el resultado directo de un sistema económico neoliberal, que concentra privilegios en manos de una élite blanca, mientras la mayoría —un pueblo afrodescendiente— enfrenta pobreza, precariedad y represión. Culpabilizar al inmigrante es una estrategia para desviar la atención del saqueo institucionalizado y mantener intactos los intereses de los sectores poderosos.
DENUNCIAMOS VIOLACIONES EN FRIUSA Y MATA MOSQUITOS
Rechazamos enérgicamente la intervención militar en Friusa y Mata Mosquitos, donde fue asesinado el domingo 6 un trabajador haitiano, mientras regresaba a su hogar después de una jornada laboral, el lunes 7 otro, la madrugada del 10 de abril otro trabajador. Acciones que violentan la ley, los Derechos Humanos y demanda una seria investigación por lo que se publica y por lo se habla entre comunitarios, denuncias tan espeluznantes que rayan con lo creíble dentro de un Estado de Derechos. Estas comunidades tienen más de tres décadas de existencia, y están integradas por personas dominicanas y haitianas que han construido allí su vida, sus hogares, sus negocios, y han criado a sus hijos e hijas, muchos ya con ciudadanía dominicana negada por la Sentencia 168-13. El arraigo, la antigüedad y la convivencia pacífica deben ser protegidos, no aplastados por operativos represivos.
LA MIGRACIÓN NO ES UNA AMENAZA, ES UNA REALIDAD HUMANA
Exigimos al Gobierno dominicano:
Detener la criminalización de la migración.
Detener la propagación del discurso de odio y violencia racial que está alimentando las ambiciones políticas de ciertos grupos en la República Dominicana.
Asegurar el acceso a servicios básicos sin discriminación -que incluyen la salud-.
Reconocer pública y activamente el aporte económico y social de la población haitiana en el país.
Revisar las políticas migratorias con enfoque en derechos humanos y participación ciudadana.
Cumplir con los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria.
Investigar y sancionar el asesinato y agresiones en Friusa y frenar los operativos militares violatorios de derechos humanos.
Detener la atroz práctica de perseguir y apresar a madres haitianas y dejar sus hijos e hijas, no importando si son bebés, en las vías públicas, solos.
La reapertura de las oficinas para la regularización de los y las trabajadoras migrantes haitianas.
El Estado dominicano no está por encima de los derechos humanos.
No aceptaremos que se siga sembrando el odio ni que se consolide una política basada en el miedo, el racismo y el militarismo. La historia juzgará con severidad a quienes, pudiendo actuar con humanidad, eligieron la represión.
No nos tomen como tontos, queda claro que la intervención militar de Friusa, las inhumanas medidas lanzada el domingo 6 de abril y la marcha del pasado 30 de marzo, convocada por el grupo paramilitar -al margen de las leyes- la Antigua Orden Dominicana, son parte del mismo paquete, una evidencia más de la relación del Estado con los históricos grupos fascistas anti-haitianos.
¡La dignidad humana no tiene fronteras! ¡La humanidad no se deporta!
¡Los derechos no se negocian! ¡La vida y el arraigo se respetan!
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