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Wilson Camacho y las tres nuevas causales para anular un archivo

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Por:  Valentín Medrano Peña

Wilson Camacho es un científico del derecho. Uno de los fiscales mejor formados, sino el que más. Posee varias profesiones en adición a su condición de abogado brillante. Tiene el don de la palabra y ésta cuenta con la base de un acervo cultural y científico que le permite hacer cualquier tipo de geniales elucubraciones. Es un filósofo del derecho y un litigante fino, decente, profundo, eficaz y completo.
En días pasados se habló, atribuyendo la especie al digno magistrado Wilson Camacho, sobre presuntas irregularidades y por ende la posibilidad de revisiones futuras, a los archivos que favorecieron la execración del proceso de varios imputados en el caso Odebrecht, por lo que preguntado por algunos y motivado por éstos y otros, doy respuestas a ciertas inquietudes respecto a la posibilidad de anulación de dichos archivos Odebrecht-RD.
El archivo es una figura jurídica que margina de un proceso a una persona investigada por la ocurrencia de un tipo penal. Dicha figura introducida en su actual configuración por el Código Procesal Penal (2002) plantea nueve causales para proceder en consecuencia en el artículo 281 del Código Procesal Penal.
A decir de las voces que atribuyen los pronunciamientos al magistrado Camacho, Director “interino” del PEPCA, hay tres razones que podrían aperturar la revisión y posible anulación de los archivos así dispuestos, ninguna de las cuales en todo caso serian legales.
Según las informaciones tergiversadas a todas luces, las irregularidades que se observaron en el proceso de archivo fueron:
Que el archivo que favoreció a varios imputados, entre los cuales se encuentran a Julio César Valentín (de interés), Temístocles Montás (de interés) y el actual Presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco (sin interés) fue dado subrepticiamente, en clandestinidad, es decir, en absoluta condición de secretud.
Así mismo que el referido archivo fue otorgado por un Director “interino” del PEPCA sin que lo supiera la titular de esa dirección, y que se basó en la causa de que los hechos no constituían un tipo penal.
Como malas noticias para aquellos que están ansiosos de visualizar shows y sangres en las arenas del circo judicial, y que aspiran por igual a ver a sus odiados imputados, cual animales salvajes de colección, tras una reja, sumidos en sus más humanas tristezas y derrotados, debo decirles que ninguna de esas causales, en caso de que se haya producido una o el conjunto de todas, da lugar a revocar un archivo provisional, habidas cuentas de que ha de saberse que no existe causa legal alguna para revocar un archivo definitivo.
La primera causal planteada, y supongo que erróneamente atribuida al intelectual del derecho y magistrado Wilson Camacho, la secretud, lejos de ser un baldón, una afrenta o algo deleznable procesalmente hablando, es muy por el contrario la ordenanza a que manda la ley para la etapa preparatoria, la cual es por mandato del artículo 290 del Procesal Penal ‘secreta’. Es decir que carece el archivo así dispuesto de la obligación de publicidad. Y debe, como fue, ser público para las partes y privativo para terceros, y respecto a esos archivos, todos, a excepción de las partes, somos terceros.
De igual forma el hecho de que lo presente un director interino, la titular, un procurador de corte, lo mismo que un fiscalizador, poco importa, ya que las actuaciones del Ministerio Público se rigen por los principios de indivisibilidad, que implica que sus miembros actúan como un solo cuerpo y adoptan sus decisiones en nombre y representación global de todo el Ministerio Público, y de unidad de actuaciones que define al ministerio público como uno.
Y en el caso de aquel interino archivista, así como del actual cabeza del PEPCA el sabio magistrado Camacho, ambos gozan de la condición de interinidad que en nada desmerita sus actuaciones o les hace infacultos.
Por último se aduce que se basó en la causa de que los hechos no constituyen un tipo penal (Art. 281-6 CPP). Una causal que extingue conforme al código, ipso facto o de inmediato, la acción penal.
Y es que esta causal o cualesquiera de las nueve que consagra dicho artículo 281 les son privativas al Ministerio Público para proceder a su objeción, que es una facultad y prerrogativa que la norma concede de forma exclusiva a la victima, solo para las cuatro primeras razones brindadas por la ley, y en una interpretación extensiva y en aplicación del principio de igualdad, le podría ser reconocida a la parte imputada, cuando el archivo resulte en una lesión a sus garantías de derechos, pero jamás al Ministerio Público, a quien el legislador no le concedió la facultad de contender contra sus propios dictámenes. Vale decir que las últimas cinco cáusales no pueden ser objeto de objeción, que es el procedimiento jurídico concedido a las víctimas para oponerse por ante un juez a los archivos dispuestos por el Ministerio Público.
De forma tal que los archivos de Odebrecht están definitiva e irrevocablemente cerrados, a no ser que se intente violentar la norma e inaugurar una nueva ‘tierra de nadie’ donde el más fuerte reine y estemos marginados del derecho.
La diatriba de Wilson Camacho es enorme, pues si gana el proceso obteniendo condenas desautoriza la visión que sobre el mismo emitió su jefa, y si pierde se lleva una derrota sobre una pieza acusatoria que ayudó a forjar y que es una hija colectiva de las mentes designadas para el caso Odebrecht-RD. Es decir que el magistrado Camacho en el lenguaje coloquial de los juegos infantiles de canicas (bolas), está túche sin saca rayitas, pues si pierde gana, y si gana pierde.
Lo interesante de la posibilidad de intentos de subvertir el orden legal respecto a los archivos Odebrecht, es que a falta de facultad legal para obrar en tal sentido por parte del Ministerio Público, se tendría que acudir a sociedades civiles ‘piezas del ajedrez’ de la lucha de poderes, para que se querellen extemporáneamente en contra de algunos de los archivados, a los fines de, juez preparloteado y dispuesto a servir a los nuevos amos del poder, sean los archivos revocados,  aún sin fundamento jurídico.
Solo que tendrían que, para hacer aparentar la legitimidad de dichas acciones, incluir entre los querellados al actual presidente de la Cámara de Diputados, el correcto, digno y honorable, Dr. Alfredo Pacheco, quien nunca debió ser parte de esa imputación, con lo que perderían a su pre pactado, ya que el escenario volvería a sede suprema por el privilegio de jurisdicción de que este está revestido.
Imaginese usted que bastaría por igual que Odebrecht fondo se aplace lo suficiente como para que dé tiempo a la revocación de los archivos y el trámite para igualar lad etapas del procesos, sería un caso histórico y sin precedentes, donde un proceso que descendió de la Suprema por incompetencia pueda volver a la misma para su conocimiento en una readquisición o recuperación de competencia. Insólito.
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