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El juez y la delimitación de sus actuaciones jurisdiccionales

Por Danilo Amador Quevedo
Juez de la Cámara Penal de la Corte de
Apelación del Dpto. Judicial de Santo Domingo.

El derecho constitucional y el constitucionalismo abarcan muchos periodos de grandes conquistas en el ámbito internacional. El pensamiento de los grandes investigadores de este necesario oficio destinado al constante equilibrio de los derechos humanos, en estos tiempos tan convulsos, se estudia mucho, aunque se aplica poco, la tendencia es que, los países, en un número cada vez más creciente, se dediquen a incluir en sus legislaciones la importante figura del tribunal constitucional, de lo cual no escapamos nosotros como país.

Indudablemente, esto contribuye, o por lo menos debe contribuir, al fortalecimiento de los derechos de los cuales son titulares las personas, en el entendido, de que poseen un abanico más amplio donde acudir en procura del restablecimiento de algún derecho violado que toque los cimientos constitucionales con relación a la esfera de seguridad de la persona que lo invoca, con ello, queda fortalecido el importante principio de seguridad jurídica alrededor del cual  han de girar los sistemas que más se aproximen a lo humano en términos de respeto a las garantías.

Los tribunales constitucionales y los jueces que los componen, en cualquier país donde estén emplazados, nacen para salvaguardar los derechos de las personas que no son reconocidos o que son violentados por órganos estatales vigentes. Esto permite que los mismos se erijan como órganos de control de la constitucionalidad, para lo cual gozan de autonomía e independiente de los demás órganos constitucionales, estando solo sometido a la Constitución y su ley orgánica. De ello se deriva la autoridad legítima que poseen para hacer acatar y garantizar, vía sus disposiciones, la supremacía de la Constitución y su acatamiento por parte de todos los poderes públicos. Para ello, posee como tarea, el control de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes, teniendo a su vez la última interpretación de los preceptos constitucionales señalando la extensión y límites de los valores superiores como la libertad, igualdad, justicia y pluralismo político.

Partiendo de esto, parecería que los jueces que integran un tribunal constitucional no posean limites y, que los mismos sean una especie de  dioses del olimpo griego con poderes omnímodos, lo cual está lejos de ser cierto, pues, es la propia norma la que crea mecanismos, una especie de muro tendente a evitar arbitrariedades por parte de quienes detenten ese tipo de poder.

Si analizamos el pensamiento de autores que han dejado plasmada sus huellas en este importante terreno como Emmanuel Kan, Walter Kaufmann o Hans Kelsen, notamos que el hacer, no hacer o ejercer un determinado oficio, hace responsable a quien lo ejerce en cualquiera de sus direcciones; para ello, hay delimitaciones que se imponen como mandato, vectores en el sendero del actuante delimitando y limitando el ejercicio de todo funcionario que actúa a nombre de quien le da el mandato, el Estado; así sea el que posea la última palabra.

Una muestra de ello, es el ejemplo, el que trae el artículo 148 de la constitución dominicana, en el sentido de que: “Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica.”…

Como notamos, nuestra constitución política fija una serie de valores, principios y reglas, todos llamados a ser observados por los jueces para poder resolver las incertidumbres jurídicas que se presenten, de lo contrario, la consecuencia de su inobservancia podría acarrear con la violación de principios como la dignidad, libertad, igualdad, el pluralismo político y la justicia en extensión e infinita esencia.

Uno de los puntos más sensibles para todo ordenamiento legal, lo constituye el reclamo de la sociedad de que los tribunales respondan a las reclamaciones de los ciudadanos en tiempo razonable, sin que esto último tengan una extensión más allá de lo estipulado en la norma de la materia de que se trate. Esto indudablemente, pone un límite al juzgador para decidir en plazo razonable, el cual no queda a su antojo, en el sentido de que, las dilaciones indebidas, el retraso en el funcionamiento de las actuaciones de un tribunal, limita el acceso a la justicia, erigiéndose de manera negativa como denegación de la misma.

Cuando nos hallamos ante eventos de tal naturaleza, la responsabilidad del juez ha de quedar comprometida, pues los procesos han de llevarse con prontitud y al orden como determinan los procedimientos legales. De esto no ser así, el juez pierde legitimidad, sus decisiones caen en el vacío y se hace predecible ante la ciudadanía. Esto sería más grave aún, si ocurre dentro del seno de un órgano constitucional, pues, para nadie es un secreto, que sus decisiones poseen un carácter de efecto genérico erga omnes, de ser así, el juez constitucional se convertiría en garante de la voluntad general con legitimidad expresa.

En conclusión, si planteamos diversos escenarios, solo uno serio valido a la luz de los parámetros de los derechos humanos y de lo que estos pretenden salvaguardar, el constitucional; lo seria, por la fuerza normativa que posee la constitución al imponer sus múltiples mecanismos eficientes, y de eficacia meridiana sobre la voluntad del juzgador. Es así, como al erigirse la constitución como soberana de todas las leyes, encuentra en ella el juez, y todo aquel que ejerce un mandato público, limites necesarios de actuación, sin los cuales el caos reinaría, por ello, en la medida que se avanza y se les da valor constitucional a las actuaciones, en esa misma medida, los principios se enervan garantizando el pleno ejercicio de los derechos de las personas dentro de un orden legal posible. Por ello entendemos, que los limites más notables que posee el juez en sus quehaceres cotidianos de juzgar, lo encontramos en la Constitución y sus controles, a ella todos estamos sometidos, es el único escenario posible, el que nos garantiza el cumplimiento del deber normativo, así como el  pleno ejercicio de los derechos.

 

Publicado por Julio Benzant

Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO [email protected]
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