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Interponen querella al director CESAC por demolición vivienda a ciudadana

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Por Julio Benzant
Santo Domingo Este. Una querella penal y constitución en actor civil ha sido depositada en la Fiscalía de esta demarcación, contra General de Brigada, Aracenis Castillo de la Cruz, actual director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), por presuntamente destruir y desmantelar la casa de una ciudadana en el sector El Bonito, en San Isidro.

La revelación fue hecha por el abogado Manuel Soto Lara, representante legal de la señora Christina Siaca Santos de Rodríguez, victima-querellante en el proceso.

De acuerdo al letrado Soto Lara, el general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y director general del CESAC, Aracenis Castillo de la Cruz, procedió de manera indiscriminada a la demolición de una vivienda ubicada en el  KM 16½  de la Carretera Mella, propiedad de su asistida.

“Él (el director del CESAC) derriba la casa, carga los escombros en camiones del Ministerio de Obras Pública y los votas por las inmediaciones de la base aérea de San Isidro”, explicó el abogado.

Dijo que la vivienda, que fue construida en el año 1975, fue mantenida en alquiler por la señora Santos de Rodríguez, por más de 45 años.

El abogado dijo que el general Aracenis Castillo de la Cruz ha sido citado por la Fiscalía, pero no se ha presentado a las vistas, alegadamente, por su alto cargo militar.

Al conversar con Ciudad Oriental, el abogado Soto Lara indicó que su denuncia es para que la población tenga conciencia de como altos mandos militares en el país, andan atropellando los derechos fundamentales de los ciudadanos.

A continuación el video con las declaraciones del abogado Soto Lara y la querella integra:

 

 

QUERELLA PENAL Y CONSTITUCION EN ACTORIA CIVIL

 

AL            :    HONORABLE MAGISTRADO PROCURADOR FISCAL

DEL DISTRITO JUDICIAL DE  SANTO

DOMINGO, LIC. MILCIADES GUZMAN LEONARDO.

ASUNTO        :    FORMAL QUERELLA PENAL Y CONSTITUCION A ACTORIAI CIVIL POR VIOLACION AL CODIGO PENAL DOMINICANO; A LA LEY No. 5968 SOBRE VIOLACION DE PROPIEDAD; A LA LEY No. 5797 SOBRE DESTRUCCION PROPIEDA PROPIEDAD AJENA POR DOS O MÁS PERSONA; A LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA Y ATRATADOS INTERNACIONALES.

 

VICTIMA       :    CHRISTINA SIACA SANTOS DE RODRIGUEZ;

 

ABOGADO       :    LIC. MANUEL DE REGLA SOTO LARA,

 

IMPUTADO      :    ARACENIS CASTILLO DE LA CRUZ,

GENERAL DE BRIGADA FUERZA AEREA

DE LA REPUBLIECA DOMINICANA (FARD);

 

ANEXO         :    INVENTARIO DE DOCUMENTOS.

HONORABLE MAGISTRADO:

Quien suscribe, licenciado MANUEL DE REGLA SOTO LARA, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral número 003-0025856-3, Abogado de los Tribunales de la República, con su correspondiente exequátur emitidos por el Poder Ejecutivo, con estudio jurídico y profesional abierto de manera permanente en la calle Costa Rica No. 94, esquina calle Aruba, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, teléfonos (809) 699-2432, (809) 490-9003; actuando a nombre y en representación de la señora CHRISTINA SIACA SANTOS DE RODRIGUEZ, norteamericana de origen dominicana, mayor de edad, titular del documento de identidad norteamericano (Estado de New Jersey) No. R6094-12400-59757, de este domicilio procesal de elección;  por la presente instancia está presentando FORMAL QUERELLA  Y CONSTITUCIÓN Y ACTOR CIVIL contra la persona y por los hechos que se detallan a continuación:

INDIVIDUALIZACION DE LOS IMPUTADOS

a).- ARACENIS CASTILLO DE LACRUZ; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1173946-2, domiciliado y localización la Av. Prolongación Ruta 66, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de las Américas Dr. José Francisco Penal Gomes, Punta Caucedo, municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo, República Dominicana, Tel. 809-549-8026; así como las demás personas que resulten con su responsabilidad comprometida;

PROPOSICION FACTICA Y FORMULACION PRECISA DE CARGOS

POR CUANTO: A que el  imputado ARACENIS CASTILLO DE LA CRUZ en fecha 11 del mes de marzo del 2020, mientras parientes de la víctima, querellante y actor civil, señora CHRISTINA SIACA SANTOS DE RODRIGUEZ, se encontraban limpiando una casa propiedad de esta, ubicada en  el KM 16½  de la Carretera Mella, en el sector El Bonito, casa No. 3, Santo Domingo Este, se presentó a dicha casa y prevaliéndose de su condición militar los hizo apresar por la policía, al cargo del coronel Familia, para impedir la continuación de la limpieza del referido inmueble.

POR CUANTO: A que antes el imputado, prevalido de su alto rango militar,  colocó, a cargo de un empleado suyo, en la parte frontal de la casa, un puesto de expendio de “chimi churri”, para irse apoderando poco a poco del inmueble.

POR CUANTO: A que, posteriormente, en fecha viernes 26 de junio del cursante año 2020, el imputado se presentó a la casa, asistido de una turba, y con equipo mecánico de movimiento de terreno y procedió a derribo y destrucción total de la casa propiedad de la víctima, sin estar autorizado por la propietaria para obrar de esta manera.

POR CUANTO: A que para hacerlo el imputado se ha prevalido del poder que le otorga su condición militar, (General de Brigada de la Fuerza Aérea Dominicana) y del hecho de que la propietaria, ahora víctima, querellante actor civil, CHRISTINA SIACA SANTOS DE RODRIGUEZ, reside fuera del país (en New Jersey, territorio de los Estados Unidos de Norteamérica), y de la imposibilidad de regresar al país de esta por la pandemia del Civude-19, que mantiene paralizado los vuelos aéreos en las líneas comerciales.

POR CUANTO: A que una vez destruida la propiedad inmobiliaria de la victima por parte del imputado, este ha comenzado de inmediato la construcción de otra infraestructura, para lo cual ha depositado materiales de construcción tales como arena, cemento y varilla, etc., al tiempo que operan obreros de la construcción y equipos mecánicos operados por personal técnico especializado.

DEL ROBO:

POR CUANTO: A que antes del imputado proceder a la  destrucción de la casa, procedió a su desmantelamiento  y sustracción de puertas, y marcos, ventanas y sus marcos, verjas de hierro, puertas enrollables de hierro, el aluzinc del techo. También sustrajo los inodoros y los lavamanos, la madera de la casa.

DE LA JUSTIFICACION DEL DERECHO DE

PROPIEDAD DE LA RECLMANTE;

 

PROPOSICION JURIDICA:

 

POR CUANTO: A que los hechos descriptos en la presente querella y constitución en actoría civil, constituyen una violación al artículo 1 de la Ley No. 5869, sobre Violación de Propiedad,  y la Ley de destrucción de propiedad ajena por dos más personas. Las cuales disponen:

 

DEL CODIGO PENAL:

POR CUANTO: A que el Código Penal Dominicano dispone en sus artículos 379 y 381, lo siguiente:

“Art. 379.- El que con fraude sustrae una cosa que no le pertenece, se hace reo de robo”.

 

Art. 381.- Se castigará con el máximum de la pena de trabajos públicos, a los que sean culpables de robo, cuando en el hecho concurran las cinco circunstancias siguientes: 1o. Cuando el robo se ha cometido de noche; 2o. Cuando lo ha sido por dos o más personas; 3o. Cuando los culpables o algunos de ellos llevaren armas visibles o ocultas; 4o. Cuando se cometa el crimen con rompimiento de pared o techo, o con escalamiento o fractura de puertas o ventanas, o haciendo uso de llaves falsas, ganzúas u otros instrumentos, para introducirse en casas, viviendas, aposentos y otros lugares habitados o que sirvan de habitación, o sean dependencias de éstas; o introduciéndose en el lugar del robo, a favor de nombres supuestos o simulación de autoridad, tomando su título o vistiendo su uniforme, o alegando una falsa orden de la autoridad civil o militar; y 5o. Cuando el crimen se ha cometido con violencia o amenaza de hacer uso de sus armas.

 

LEY 5869, SOBRE VIOLACIÓN

DE PROPIEDAD:

 

POR CUANTO: A que es más que evidente que nos encontramos ante una conducta típica, antijurídica y culpable, a la luz de la Ley 5869 sobre Violación de Propiedad, del 24 de abril de 1962, la cual dice en su “Artículo 1.- Toda persona que se introduzca en una propiedad inmobiliaria urbana o rural, sin permiso del dueño, arrendatario o usufructuario, será castigada con la pena de tres meses a dos años de prisión correccional y multa de diez a quinientos pesos”. Que en el caso de la especie existe una perturbación permanente al ejercicio del derecho de propiedad, toda vez los imputados y e la turba que dirigen e integran, no quiere permitir el acceso de la propietaria a dichos terrenos.

 

LA LEY 5797 CASTIGA EL ATAQUE POR DOS O MAS

PERSONAS A LA PROPIEDAD AJENA;

 

POR CUANTO: A que el comportamiento de los agentes agresores también constituyen una violación a la Ley 5797 del 12 de enero de 1962, que  castiga con prisión correccional y multas, “sin perjuicio de las penas que puedan aplicarse a los autores de hechos previstos y sancionados por el Código Penal, la trama que, ejecutada por dos o más personas, se materialice en forma de ataque por vías de hecho, desde el exterior a edificios, casas, otras construcciones o sus dependencias, urbanas o rurales, que pertenezcan a personas físicas o morales, públicas o privadas, o la comisión de estos mismos hechos en el interior de dichos bienes”.

POR CUANTO: A que, conforme la citada Ley 5797, “cuando el  ataque produce pérdidas o destrucción de bienes o se realice por vías de hecho contra las personas,  se aplicarán a los culpables el máximum de la pena que señala el artículo primero”. Que en el presente caso se produjo el indicado daño a la propiedad ajena.

DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA Y DE

LOS RATADOS INTERNACIONALES:

 

POR CUANTO: A que el artículo 73  de la Constitución de la República, SOBRE “los actos que subviertan el orden constitucional” consagra que: “Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por la requisición de la fuerza”. Que al actuar como lo hicieron los imputados usurparon la función jurisdiccional, única competente para ordenar el derribo de la cerca, la destrucción del sembradío para destruir las instalaciones del agua potable al señor EFRAIN ACOSTA.

POR CANTO: A que el inciso 51 de la Constitución de la República establece que:

“Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda personan tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.

1) Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública  o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido por la ley. En caso de declaratoria de estado de emergencia o de defensa, la indemnización podrá no ser previa.

2) El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial la propiedad inmobiliaria titulada.

3) Se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio. Es un objetivo principal de la política social del Estado, promover la reforma agraria y la integración de la forma efectiva de la población campesina al proceso de desarrollo nacional, mediante el estimulo y la cooperación para la renovación de sus métodos de producción agrícola y su capacitación tecnológica;

4) No habrá confiscación por razones políticas de los bienes de las personas físicas o jurídicas;

5) Solo podrá ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como de los utilizados  o prevenientes de actividades de de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas o relativa a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales;

6) La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico”;

POR CUANTO: A que es norma constitucional entre nosotros, a cargo del Estado, el Derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 59 el cual establece que:

“Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales.  El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de vivienda y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda”.

 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES

PACTO DE SAN JOSÉ:

POR CUANTO: A que la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) de 1969. En vigor entre nosotros desde 1978, consagra la salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona humana, entre los cuales consigna el derecho a la propiedad privada.

POR CUANTO: A que en el artículo 21 del indicado Pacto, en su ordinal primero se lee:

“Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”. Y el ordinal siguiente agrega que: “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”.

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS

CIVILES Y POLÍTICOS:

 

POR CUANTO: A que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la ONU en 1966 que establece en su artículo primero que:

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.  Y agrega a continuación que:2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter”.

“Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: Artículo 12. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1966.

POR CUANTO: A que el artículo 11 establece que:

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. Y el Artículo 15 establece en su literal primero:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:  c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan…”.

CODIGO PROCESAL PENAL

 

  • 50. Ejercicio de la acción civil. La acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados o para la restitución del objeto materia del hecho punible puede ser ejercida por todos aquellos que han sufrido por consecuencia de este daño, sus herederos y sus legatarios, contra el imputado y el civilmente responsable. (…)” Art. 83.- La víctima. Se considera víctima: 1) Al ofendido directamente por el hecho punible; (…); Art. 118.- Constitución en parte. Quien pretende ser resarcido por el daño derivado del hecho punible debe constituirse en actor civil mediante demanda motivada. El actor civil interviene a través de un abogado y puede hacerse representar además por mandatario con poder especial”.

DEL CÓDIGO CIVIL DOMINICANO:

POR CUANTO: A que el artículo 1382 del Código Civil Dominicano establece que todo hecho del hombre que causa a otro un daño obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo.

POR CUANTO: A que las reclamaciones por daños y perjuicios, conforme a la mejor doctrina, proceden cuando las infracciones invocadas “afectan un interés legítimo susceptible de apreciación pecuniaria”. Que es también de doctrina “que la reparación del daño consiste en la reposición de las cosas en su estado anterior”.

 

POR CUANTO: A que en el presente caso, con la destrucción a la propiedad e invasión de su propiedad, la damnificada ha  sufrido los dos rubros principales en materia de daños y perjuicios: empobrecimiento patrimonial (daños emergentes), y la frustración de una ganancia, o sea, perder la posibilidad de acrecentarlo (lucro cesante). Que estos criterios para restitución por daños y perjuicios “son invocables tanto para actos ilícitos, como incumplimiento contractual”.

POR CUANTO: A que la propietaria, señora CHRISTINA SIACA SANTOS DE RODRIGUEZ, ahora víctima, querellante y actor civil justifica su derecho de propiedad por haber adquirido dicha mejora, construida en terrenos del Estado, desde al año mil novecientos setenta y cinco (1975), cuando el imputado, es muy probable, que no hubiera nacido aun todavía. Como consta en los siguientes documentos anexos.

 

PRUEBAS DOCUMENTALES:

 

  1. En Declaración Jurada de fecha cinco del mes de junio del año 1975, del protocolo del Dr. Julio de Pena Santos, Abogado y Notario Público de los del Numero para el Distrito Nacional, donde consta que la señora Pupita Mota, tía y madre de crianza de la víctima, querellante y actor civil, le compra dicha mejora a la señora Leocadia Nilda Arias de Grullón en fecha 31 de enero del 1975, y registrada en el Ayuntamiento del Distrito Nacional en fecha19 de julio del año 1984 en el Libro C, con el NO. 22179;

 

  1. DISPOSICION LEGAL de fecha 21 de febrero del año 1979, del protocolo del Dr. Juan Salvador Simonó Lugo, Abobado y Notario Público de los del numero para el Distrito Nacional, mediante la cual la Pupita Mota, conforme consta en este acto notarial, pone dicha mejora a nombre de la víctima, querellante y actor civil, CHRISTINA SIACA SANTOS DE RODRIGUEZ; el cual fue registrado en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, en fecha 19 de junio de 1995 en el Libro P con el numero 29806.

 

  1. b).- Declaración Jurada de fecha 15 de junio del año 1995, del protocolo del Dr. Rubén A. Bello Fernández, abogado y Notario Público de los del Numero para el Distrito Nacional, mediante el cual los comparecientes reconocen a la víctima, querellante y actor civil, CHRISTINA SIACA SANTOS DE RODRIGUEZ como la propietaria de dicho inmueble, la cual declaración jurada fue registrada en el Ayuntamiento del Distrito Nacional en fecha 14 de junio del 1995, en el Libro P con el NO. 35626.

 

  1. Certificación de la Dirección General de Catastro Nacional de fecha 28 de julio del 1995, en la que consta que la víctima, querellante y actor civil, pago Ochenta Mil Peos Dominicanos (RD$80,000.00), por concepto de precio por compra de dichos terrenos al Estado Dominicano.

 

  1. Plano particular emitido y aprobado a favor de la víctima, querellante y actor civil, por la Dirección General de Mensura Catastral, de fecha 17 de julio del año 1995;

 

PRETENSION PROBATORIA: Con los documentos a, b, c, d, e, vamos a probar que la víctima, querellante y actor civil es la única y verdadera propietaria de la propiedad inmobiliaria  objeto de la presente querella y que el imputado compromete su responsabilidad penal y civil conforme la calificación jurídica del presente proceso.

PRUEBAS TESTIMONIALES:

a).- Testimonio del señor VICTOR MANUEL CAMINERO DE LOS SANTOS, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cedula de identidad y electoral No. 223-0129490-6, domiciliado en Hato Viejo 3, municipio de Guerra, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. PRETENCION PROBATORIA: con cuyo testimonio vamos a probar que la víctima, querellante y actor civil, señora CHRISTINA SIACA SANTOS DE RODRIGUEZ, es la única y legitima propietaria de dicho inmueble y que el imputado tenía conocimiento de que esa casa era ajena, en tanto el obtuvo copia de los documentos de la propietaria momento en que este fue detenido mientras limpiaba la casa por instrucciones de la propietaria.

b).- Testimonio del señor RUDDYS ENMANUEL MAÑON COENCEPCION, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cedula de identidad y electoral No. 227-0003218-2, domiciliado en Hato Viejo 3, municipio de Guerra, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. PRETENCION PROBATORIA: con cuyo testimonio vamos a probar que la víctima, querellante y actor civil, señora CHRISTINA SIACA SANTOS DE RODRIGUEZ, es la única y legitima propietaria de dicho inmueble y que el imputado tenía conocimiento de que esa casa era ajena, en tanto el obtuvo copia de los documentos de la propietaria momento en que este fue detenido mientras limpiaba la casa por instrucciones de la propietaria;

PRUEBAS AUDIO VISUALES.

 

  1. Un disco compacto (CD) contentivo de las imágenes sobre la destrucción de la casa y el inicio de construcción de nuevas edificaciones; PRETENSION PROBATORIA: Con lo cual vamos a probar los hechos de la causa, así como la forma en que fue destruida la casa de la victima e invadida su propiedad;

 

  1. Un disco compacto (CD) contentivo de las imágenes sobre el estado de la casa antes de su destrucción y la de construcción de nuevas edificaciones; PRETENSION PROBATORIA: Con lo cual vamos a probar los hechos de la causa, así como la forma en que fue destruida la casa de la victima e invadida su propiedad, y el agravio que esos hechos le han causado;

 

  1. Varias fotografías en la que se observa la casa antes de ser destruida por el imputado. PRETENSION PROBATORIA: Con dichas fotografías vamos a probar la existencia de la casa y las condiciones de la misma antes de su destrucción por parte del imputado.

 

POR TALES MOTIVOS: vistos los artículos citados, formalmente impetramos QUERELLA Y CONSTITUCION EN ACTOR CIVIL en contra de ARACENI CASTILLO DE LA CRUZ, de  generales que constan, así como contra todos aquellos que como resultado de las investigaciones a realizar resulten con su responsabilidad comprometida por los hechos aquí narrados, haciendo RESERVA PARA AMPLIACIÓN en la fase procesal que corresponda.

 

EN CUANTO AL ASPECTO PENAL:

 

PRIMERO: En cuanto a la forma, declarar admisible la presente querella y constitución en actoría civil incoada por la  señora CHRISTINA SIACA SANTOS DE RODRIGUEZ en contra del imputado, conforme las previsiones del artículo 269 del Código Procesal Penal, por la misma cumplir con todas las formalidades de forma y de fondo previstas por la ley.

 

SEGUNDO:  En cuanto al FONDO,  confirmar, comprobar y verificar las pruebas y evidencia ofertadas por la víctima y, en consecuencia, dada la gravedad de los hechos, proceder a la inmediata solicitud de imposición de  medida de coerción en contra del  imputado.

 

TERCERO: Que luego de instruido el proceso, conforme las previsiones del Código Procesal Penal dominicano, presentar formal acto conclusivo, consistente en solicitud de apertura a juicio.

CUARTO: Que se informe a la víctima, querellante y actor civil, personalmente y  en la oficina y dirección de sus abogados apoderados, sobre el curso de las investigaciones y las decisiones que se pretenda tomar en referencia al caso de que se trata.

QUINTO: Que se reserve el derecho de acusar en los términos del artículo 296 y a concretar  las pretensiones civiles conforme al artículo 297 del Código Procesal Penal, en contra del imputado y de todos aquellos que resulten con su responsabilidad comprometida en el presente caso..

ES DE DERECHO Y ES JUSTO. En Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, República Dominicana, al primer (1er.)  día del mes de julio  del año Dos Mil veinte (2020).

 

LIC. MANUEL DE REGLA SOTO LARA
Abogado

 

 

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