Por: Edward Andrés Núñez-Merette P.
n diversas ocasiones, durante las convocatorias semanales de la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República para rendir cuentas, se ha cuestionado la orientación de la lucha contra la corrupción administrativa.
La pregunta recurrente es la siguiente: ¿Por qué la lucha contra la corrupción administrativa se dirige especialmente contra los exfuncionarios de la gestión pasada? La respuesta que se suele ofrecer es: “No existe ningún otro gobierno que, tras finalizar un mandato presidencial, haya sometido a la acción de la justicia a funcionarios del pasado.” Sin embargo, lamento manifestar que esta afirmación no se ajusta a la realidad.
Al concluir la administración del ex presidente Salvador Jorge Blanco, se vivió una avalancha de procesos judiciales durante la gestión del ex presidente Joaquín Balaguer, dirigidos contra exfuncionarios del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Incluso convirtiéndose en el primer ex presidente en ser sometido a la justicia, hecho que se catalogó como una represalia o venganza política.
Posteriormente, en el año 2000, también se llevaron a cabo procesos judiciales contra algunos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Cabe destacar que los únicos procesos de corrupción administrativa que han involucrado a miembros de una misma corriente política se han producido en la administración del (PLD), y en el primer cuatrienio del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Este panorama evidencia que la lucha anticorrupción es constante, aunque en ocasiones resulte débil. Es precisamente por ello que el Poder Ejecutivo no puede renunciar al poder punitivo que le confiere la Constitución de la República. En este sentido, la elección de un nuevo procurador debe considerarse en paralelo con la promulgación de la Ley 1-25, que modifica la Ley 138-11 del 21 de junio de 2011, la cual regula el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Sin embargo, un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país es que, por primera vez, contaremos con un Procurador General de la República independiente e inamovible por un período de dos años. Esta condición le otorgará una autonomía real frente al Poder Ejecutivo, fortaleciendo la institucionalidad y garantizando que la lucha anticorrupción no esté sujeta a intereses políticos. Lo que la sociedad dominicana ha exigido a gritos es un Ministerio Público fortalecido y dinámico, que responda a los retos de los nuevos tiempos y beneficie a toda la ciudadanía.
Con esta nueva independencia, se abre la oportunidad de avanzar hacia un sistema de justicia más transparente e imparcial.
