Por Cinthia Polanco/ Foto: Jose Bujosa Mieses
Santo Domingo.– El Palacio de Justicia de Ciudad Nueva volvió a ser escenario de presión social este domingo, cuando decenas de ciudadanos y organizaciones se plantaron frente a sus puertas para exigir consecuencias reales en lo que ya muchos califican como el caso de corrupción más grande que ha conocido la República Dominicana: el caso Senasa.
Desde horas de la tarde, grupos ciudadanos, activistas y figuras mediáticas se concentraron frente al tribunal con un mismo reclamo: que la justicia deje de caminar en chancletas cuando se trata de corrupción. El nombre que flotaba en el ambiente era uno solo: Senasa.
Pancartas en mano, consignas directas y celulares transmitiendo en vivo marcaron la jornada. Nada de violencia, pero sí indignación organizada. La consigna era clara: prisión preventiva y consecuencias reales, no medidas suaves ni procesos que se enfríen con el tiempo.
Entre los presentes se dejaron ver plataformas sociales, comunicadores y ciudadanos sin siglas, unidos por una sospecha vieja en este país: cuando el expediente toca poder, la justicia se vuelve lenta y selectiva.
La protesta avanzó sin incidentes mayores. Agentes policiales observaron a distancia. El mensaje no era para ellos, sino para dentro del edificio: jueces, fiscales y un sistema que la calle siente desconectado de la realidad.
Al caer la tarde, la concentración se disolvió. Cada quien regresó a su casa. Una vez terminaron, cada cual se fue a sus respectivos hogares, pero eso sí: prometían que continuarán. Advirtieron que, si la justicia no actúa, seguirán en protesta pacífica.
El caso Senasa es señalado como el caso más grande que ha tenido la República Dominicana en materia de corrupción, y no por cifras frías, sino por lo que representa: una de las instituciones de asistencia social que más ha lastimado al pueblo dominicano, por tratarse de la vida de cientos de personas con problemas de salud que requieren la ayuda del Estado.
Pero no fue una retirada. Fue una pausa.
El caso Senasa no es solo una prueba para el Ministerio Público. Es una prueba directa para el discurso anticorrupción del gobierno, para los jueces y para las instituciones que prometieron un antes y un después.
Porque cuando el expediente toca la salud de los más pobres, no hay margen para acuerdos blandos ni medidas cómodas. Aquí no se juega solo con fondos públicos: se juega con vidas.
Ciudad Nueva fue hoy algo más que una dirección. Fue un recordatorio incómodo: la paciencia social tiene límite, y cuando se acaba, la calle toca la puerta de los tribunales.
