Danilo Medina y Manuel Soto Lara, en el recuadro

Impedimento constitucional de reelección no viola derecho de igual del presidente Medina

Por Manuel Soto Lara
Interpretaciones empíricas, carentes de rigor científico, pretenden que la Cláusula transitoria Vigésima de la Constitución dominicana, que prohíbe la repostulación al presidente Danilo Medina, lesiona su derechos de igualdad.

Se trata, obviamente, de razonamientos simplistas y en algunos casos interesados. Un enfoque dogmático a la luz del principio de especialidad normativa y de la tutela judicial diferenciada desmiente la especie.

Esas interpretaciones surgen del ejercicio hermenéutico de contrastar el principio general de Derecho a la Igualdad, consagrado en el artículo 39 de la Constitución, cuyo párrafo capital dispone: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”; con la transitoria particularidad establecida en la Cláusula Vigésima que dispone: “En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”.

A la luz de la tutela judicial diferenciada, el razonamiento de los apologistas de la alegada discriminación parte de la falsa premisa de que una persona que desempeña la primera magistratura de la Nación, en un sistema, por demás, presidencialista, está en igualdad de condiciones para competir con otros que pudieran aspirar a esa alta investidura desde su condición de ciudadanos puro y simple.

La Constitución no puede tratar a un presidente candidato igual a candidatos que no son presidentes. Porque, obviamente, no son iguales. Por eso el constitucionalismo contemporáneo ha aceptado de manera pacífica que es irrealista la pretendida tutela judicial efectiva al margen de la tutela judicial diferenciada.

El prominente ju-constitucionalista dominicano, Eduardo Jorge Prat, en artículo de prensa, citando a Marinoni, ha dicho, “tratar como iguales a los desiguales constituye una lesión el principio de igualdad” (1).

C. Mortati, por su parte, ha postulado: “El trato igual de situaciones iguales y el trato desigual de situaciones desiguales constituyen dos aspecto del mismo fenómeno” (2).

Si el presidente Medina, en su condición de presidente de la República, fuera a competir por la presidencia con otros presidentes de la Repúblicas, esa cláusula fuera inaceptablemente discriminatoria. Pero no es el caso.

El principio de igualdad comporta la necesidad de que a los diferentes se otorgue un trato diferenciado. De lo contrario no se materializa la igualdad.

Evidencia de la diferencia del presidente, respecto de otros aspirantes presidenciales, la constituye el hecho paradigmático de que precisamente esa cláusula inhibitoria, por demás convencional, surge precisamente cuando el presidente Medina, prevaliéndose del privilegiado poder de su investidura, hacía modificar la constitución para permanecer en el poder. Ningún otro ciudadano estaba en posibilidad de hacerlo. Para hacerlo habría que ser presidente de la República. Es eso lo que lo hace diferente. De ahí el necesario trato diferenciado.

La tutela judicial diferenciada la observamos hasta en algunas actividades deportivas, como el karate, donde los atletas compiten en sus respectivas categorías; en el atletismo y el automovilismo donde los ponen a salir parejos; en el boxeo donde pelean en su peso.

Los presidentes, cuando son candidatos, obligan a sus contrincantes a pelear en el peso de los primeros, lo que es una iniquidad desde el punto de vista de la igualdad.

Puesto lo anterior en el contexto del principio de la especialidad normativa, el cual exige la primacía de la especie sobre el género, es evidente que tampoco llevan razón quienes ven una discriminación al presidente Medina en la Vigésima Cláusula Transitoria de la Constitución, que le prohíbe reelegirse.

Ya el honorable Tribunal Constitucional se ocupó del tema en una inusual inadmisibilidad que juzgó el fondo (3).

No compartimos el criterio por el cual este tribunal llegó a su conclusión en el sentido de no admitir lo inconstitucional de lo constitucional. El Tribunal Constitucional debió resolverlo, obviamente, llegando a esa misma conclusión, pero a través de la hermenéutica del principio de especialidad normativa.

No vamos a detenernos a analizar principios colaterales de solución de antinomias como son los principios de jerarquía, temporalidad, excepcionalidad, etc., ni en los casos de antinomias de segundo grado.

Nos vamos a limitar a la antinomia constitucional, cuando esta se da en un mismo cuerpo normativo, es decir, ante normas de idéntica cronología e idéntico rango jerárquico. Como es el caso que nos ocupa.

El principio de especialidad normativa es aquel según el cual “lex specialis derogat legis generali”. El principio es que la norma especial deroga la general. Este principio, conforme J. M. Villar Palasí, tiene fuerza de legitimación “por la mayor aptitud sobre la regla general, por ser más concreta. Se trata de un refuerzo del derecho particular” (4).

Es lo mismo que acurre en el caso que nos ocupa, donde una norma especial, la prohibición de reelección al presidente, deroga, en su campo específico de aplicación, una norma general de derecho a la igualdad.

Se trata, conforme a N. Bobbio, de subordinar una norma que afecta a todo un género, a otra regla menos extensa, que afecta exclusivamente a una especie de dicho género (5) y (6).

Tratadistas como Ennecerus, Kipp y Wolff, conciben la especialidad normativa como “que se aparta de la regla general y es relativa a las clases especiales de personas, cosas y relaciones” (7).

Para el caso de su investiduras en razón del cargo, convierte en especial al presidente Danilo Medina. Procede entonces un trato diferenciado respecto de él para el tema concreto electoral.

Es la denominada “desigualdad por diferenciación”. Para Bobbio el principio de especialidad lejos de ser lesivo al derecho de igualdad, es una exigencia de tal principio. No parece estar en discusión que ser presidente de una nación determinada, no es un derecho fundamental. De hecho, ya existe un incipiente destello jurisprudencial foráneo en ese sentido.

España, que junto a Alemania es uno de los países con mayor desarrollo del derecho constitucional, tiene una antinomia parecida a la nuestra en el Párrafo Primero del artículo 57 y el 14 de su constitución. El primero dice se preferirá “el varón a la mujer” en la sucesión a la Corona de España, frente al mandato de igualdad ante la ley establecido por el artículo 14 de la parte dogmática del mismo cuerpo normativo. Esa norma ha pasado por el prisma, tanto el Tribunal Constitucional Español, como de la Corte Europea de Derechos Humanos, y ha sobrevivido.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha reconocido el principio de especialidad normativa. Ha declarado que el artículo 5.4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos constituye una lex specialis con relación a las exigencias generales del artículo 13 (caso S.B.C. contra Reino Unido, párrafos 22 y 23, Aranzadi TEDH 2001\396. También en sus Sentencias de 25 de marzo de 1999 (caso Nikolova contra Bulgaria, párrafo 69, Aranzadi TEDH 1999\11, donde se citan sentencias anteriores en el mismo sentido) y de 19 de junio de 2001.

Respecto de cuál norma se aplica al Presidente Medina, si el artículo 39 sobre derecho general a la igualdad, y la Cláusula Vigésima, que suprime al presidente ese derecho electoral pasivo, R. Guastini nos dice que “cuando la norma general y la norma especial pertenecen al mismo documento normativo, el conflicto de norma es solo aparente, pues en tales circunstancias, en los casos en que concurran los presupuestos de la norma especial, ésta debe aplicarse, pues, si no, no tendría ningún efecto, no encontraría una explicación” (8).

Que este criterio es correcto incluso con el prisma de interpretación normativa “voluntas legislatoris”. Porque entre nosotros no parece estar en discusión cuál fue la intención del constituyente al instituir dicha cláusula.

  • 1 Pobreza y Tutela judicial diferenciada. (1 de septiembre del año 2011). http://hoy.com.do/pobreza-y-tutela-judicial-diferenciada/
  • 2.– C. MORTATI: Istituzioni di Diritto pubblico, CEDAM, Padova, 1976, pág. 1030.
  • 3.- SENTENCIA TC/0352/18 Referencia: Expediente núm. TC-01- 2018-0003, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Fredermido Ferreras Díaz, contra la disposición transitoria vigésima de la Constitución, de fecha trece (13) de junio de dos mil quince (2015).
  • 4.– (J. L. VILLAR PALASÍ: Derecho Administrativo…, págs. 412-413), citado por José Luis Tardío Pato, en su formidable ensayo de Principio de Especialidad Normativa (Lex specialis) y sus aplicaciones jurisprudenciales.
  • 5.– N. BOBBIO: Contribución a la Teoría del Derecho, ob. cit., pág. 344.
  • 6.- N. BOBBIO: Teoria dell’Ordinamento Giuridico, ob. cit., pág. 100., citado por citado por José Luis Tardío Pato, en su ensayo de referencia
  • 7).- ENNECERUS, KIPP y WOLFF: Tratado de Derecho Civil, Parte General, tomo I, vol. I, traducción española, Ed. Bosch, Barcelona, 1953, págs. 182-183.
  • 8.– R. GUASTINI: «Teoria e dogmatica…», pág. 239; Estudios…, pág. 80. También, A. PIZZORUSSO, «Delle Fonti…», págs. 112-113. ., citado por citado por José Luis Tardío Pato, en su ensayo de referencia.

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