A propósito de la búsqueda de sonido de algunos legisladores que quieren plantearse como monumento de honradez sobre la base de la mentira y la simulación.
A propósito de la postura del presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Alfredo Pacheco que propone la búsqueda de consenso para la aprobación de la pieza legislativa por lo delicado que son los preceptos constitucionales con los que choca, vale y se debe decir que:
“No es cierto que en este país se necesite una ley de extinción de dominio”. Esta ley es una ley peligrosista, extrema y de disminución de garantías, propia de periodos convulsos, de guerras o de conflagraciones intestinas. La misma se puso en efecto en un país azotado por la plaga de la narco-guerrilla, la dominación de amplios territorios en zonas selváticas y rurales por guerrillas, y con narcodominios territoriales, con el agravante de la imposibilidad de hacer acudir a los cabecillas de esas afrentas a los tribunales, sacarlos de las selvas a causa de su espesura y del protectorado de otras naciones limítrofes que imposibilitaban el debido juzgamiento, y por contar con la permisión para su aprobación de su Constitución, de la de esa nación, por no chocar con principios y garantías constitucionales contrarío a lo ocurrido aquí.
Amén de ello, el hecho de que el país cuenta con una ley que produce el mismo efecto (Ley 155-17, sobre Lavado de Activos) que tiene la facultad de producir decomisos de todo bien de origen ilícito, mueble, inmueble o inmateriales, manteniendo en el ámbito penal el conflicto penal y no sacándolo de lo penal y llevándolo a lo civil como pretende dicha ley, para que sea a través de un procedimiento civil que se pruebe lo penal. Una verdadera locura e insensatez, que a su vez mata las especialidades tanto de jueces, capacitados y preparado en ámbito penal, fiscales cuya esfera de práctica profesional es el derecho penal y abogados penalistas que deberán ser sustituidos, todos, por civilistas marginados de especialización en materia penal. Una torpeza.
No ha habido un solo caso en que los tribunales no hayan decretado decomisos de aquellos bienes de los que se haya probado penalmente un origen ilícito, incluidos casos tomados como base para tratar de ganar adeptos para la aprobación de la ley de extinción como el de Quirino, Figueroa Agosto, Atiemar, etc. en todos esos casos y en todos los demás procesos penales que incluyen bienes probados como ilícitos se ha ordenado su decomiso en favor del Estado, aún cuando fue el Estado en esos específicos casos el que cedió su jurisdicción para que otra nación los juzgara, pudiendo hacerlo aquí, obtener más drásticas condenas y el decomiso de una mayor cantidad de bienes, para que luego éstos no se ampararan del precepto constitucional del doble juzgamiento (Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa) que también ocurre en la aplicación de la pretendida ley, disminuyendo garantías como si estuviéramos en un estado de excepción, como si estuviéramos en una guerra civil.
Es por igual una falacia afirmar, cómo se vió, que no tenemos instrumentos legales para desapropiar a delincuentes, narcotraficantes y corruptos de sus posesiones obtenidas a través del delito o del crimen, dos vocablos del ámbito del derecho penal que deben probarse antes de ordenar el decomiso y que solo puede hacerse a través de un proceso penal.
Como se ve, los partidarios de esa ley, que no es una ley de tiempo de paz, sino de tiempos de guerra, y no de guerra contra el delito y el crimen, sino de guerra que disminuye las garantías y derechos de los ciudadanos y establece un espectro peligrosista de poder punitivo, que se presenta como empobrecedor de opositores a los que puede frisar o inmovilizar sus bienes hasta por diez años en lo que se investiga y procesa su civil proceso, tiempo durante el cual serán aplastados por sus contrincantes. De eso quizá sea de lo que se trate. La procura ulterior, porque es más que probado que cuando se ha logrado demostrar origen ilícito de bienes estos han pasado, por orden judicial, de manos del delincuente a propiedad del Estado, que en la historia se los venden a precio de vaca muerta a los que pueden pagar por dicho bien. Y así termina la historia, legisladores y sistema penal puesto de relajo para que unos delincuentes sean desapropiados y otros beneficiados.
