Raquel Cruz
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El debido proceso administrativo

Por Raquel Cruz Díaz
El debido proceso se define como la regulación jurídica que, de manera previa, limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de las personas, de modo que ninguna actuación de la autoridad jurisdiccional o administrativa dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentre sujeta al procedimiento que señala la ley.

Los derechos fundamentales son los derechos humanos que de alguna manera han sido garantizados por el Estado y que se encuentran positivizados, son parte del ordenamiento que impone la Constitución, y suelen tener tutela consolidada y fortalecida en otros estamentos legales, como por ejemplo nuestra normativa procesal penal, cuyos principios básicos se desprenden de derechos fundamentales contemplados en la Constitución de la República Dominicana.

Podemos decir entonces que el cimiento de los derechos fundamentales se encuentra en el reconocimiento que hace la norma a esa potestad, que siendo esencialmente reconocida por la Constitución es lo que le da el rango de fundamental a ese derecho.

En esencia los derechos fundamentales son derechos constitucionales, que al incluirse en dicha norma soberana adquieren valor supremo, siendo además que con ello se revisten de un blindaje constitucional que sirve de límite a los poderes públicos.

Lo que hace un derecho fundamental es que el mismo se encuentre protegido constitucionalmente, son fundamentales en la medida que se encuentran acorazados con la supremacía constitucional; así los que se encuentran en otras legislaciones, más no así en el texto constitucional, no son reconocidos como fundamentales. El hecho de que el derecho sea inherente a la persona no lo hace entrar en rango de fundamental, normalmente los derechos fundamentales surgen de conquistas y son reconocidos constitucionalmente por la voluntad política del constituyente.

El texto constitucional vigente establece cuales son los derechos fundamentales de carácter material contenidos desde el art. 37 al 67, separándolos de las garantías de esos derechos fungiendo como derechos fundamentales de carácter procesal, estos últimos contenidos en los artículos 68 al 73, pues no podemos decir que un derecho es fundamental sin estar revestido de tutela constitucional.

El debido proceso es un derecho fundamental y a su vez una garantía constitucional, es decir, el debido proceso tiene una doble condición. Es una garantía que permite a los ciudadanos ostentar y hacer valer sus derechos ante los estamentos judiciales o administrativos y presentarse ante ellos en igualdad y con garantía total de un fallo justo. Todo lo concerniente al debido proceso y la tutela judicial efectiva se encuentra en el art. 69 de la Constitución de la Republica Dominicana.

El debido proceso es un instrumento de acceso a la justicia y a los procesos en sede administrativa, es el derecho de todo ciudadano a un proceso justo.

En un Estado Social y Democrático de Derecho es fundamental el debido proceso, se dice que es la garantía de las garantías, fundamentado en el principio de dignidad humana, además sus normas se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, (Art. 69.10, Constitución Dominicana); el debido proceso marca los límites del poder Estatal.

En este sentido el Tribunal Constitucional de Colombia en su sentencia No. T-607/15 ha estimado que “El debido proceso administrativo se ha entendido como la regulación jurídica que tiene por fin limitar en forma previa los poderes estatales así que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley. Desde la perspectiva antes señalada, este derecho no es más que una derivación del principio de legalidad con arreglo al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada en la ley, como también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión”.

Continua estableciendo la pieza jurisprudencial, “Las autoridades sólo podrán actuar en el marco establecido por el sistema normativo y, en tal sentido, todas las personas que se vean eventualmente afectadas conocerán de antemano los medios con que cuentan para controvertir las decisiones adoptadas y estarán informadas respecto del momento en que deben presentar sus alegaciones y ante cuál autoridad. En conclusión, el debido proceso administrativo es, un derecho fundamental que se traduce en una garantía para todas las personas de que la administración estará sometida a los límites que éste supone. En este sentido, comprende el principio de legalidad, los principios de razonabilidad y proporcionalidad, e incorpora la obligación de las autoridades públicas del ámbito administrativo, de ceñirse a los principios que rigen la función pública”.

La importancia de la consagración del debido proceso radica esencialmente en que cada derecho debe ser resguardado y tutelado por un procedimiento administrativo o jurisdiccional para su protección.

El debido proceso exige una correcta motivación de la decisión de que se trate, a tales efectos el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la sentencia TC/0017/13 ha forjado el criterio siguiente: “Lo anterior implica que, para que una sentencia no tenga fundamentación, debe carecer de los motivos que justifican el análisis del juez en cuanto a su decisión y las razones jurídicas que la determinan, comprendiendo todas las cuestiones sometidas a decisión, con una argumentación clara, completa, legítima y lógica, así como la aplicación de la normativa vigente y aplicable al caso, lo propio se transmite a los actos administrativos, los que deben ser correctamente motivados”, pues los administrados tienen derecho a la motivación de las actuaciones administrativas. (Art. 4.2, ley 107-13)

Como hemos dicho anteriormente, el debido proceso no es exclusivo de ámbitos jurisdiccionales, “De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana” (Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, Sentencia del de 31 de enero de 2001).

En la sentencia TC/0002/15, el Tribunal Constitucional de la Republica Dominicana ha recogido lo que a su vez instituyó el Tribunal Constitucional Peruano al establecer que “debido proceso es un derecho que ha de ser observado en todo tipo de procesos y procedimientos, cualquiera que fuese su naturaleza. Ello es así en la medida que el principio de interdicción de la arbitrariedad es un principio inherente a los postulados esenciales de un Estado Social y Democrático de Derecho y a los principios y valores que la propia Constitución incorpora”.

Antes de la entrada en vigencia de la ley 107-13 el Tribunal Constitucional había establecido el debido proceso administrativo como una garantía exclusiva para ser utilizada en los procesos administrativos sancionatorios y de aquellos que tuvieran como resultados la pérdida de derechos, sin embargo a raíz de la constitucionalización del derecho administrativo y de la entrada en vigor de la ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, se consolida una administración con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico, como lo establece el art. 138 de la Constitución Dominicana, y fundamentando sus actuaciones en el derecho a la buena administración contenido y detallado en el art. 4 de la ley 107-13 y del cual ha dicho el Tribunal Constitucional constituye un derecho fundamental.

El Tribunal Constitucional ha establecido que “El debido proceso administrativo implica la sumisión de la administración a la Constitución y las leyes, no solo ante la presencia de conflictos que se diriman en sede contenciosa-administrativa, sino que, como bien señala la jurisprudencia constitucional colombiana: se extiende a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública en la realización de sus objetivos y fines estatales, lo que implica que cobija todas las manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que presenten los particulares, y a los procesos que adelante la administración con el fin de garantizar la defensa de los ciudadanos”.

En el Estado Social y Democrático de Derecho los poderes públicos deben operar para el bienestar general, impera una concepción donde las instituciones públicas tienen una prioridad que se enmarca en el privilegio en el que está situada como eje central la persona, el ser humano es quien ocupa y asume el papel esencial y objetivo principal de la administración, ahora la concepción de poder ha de ser más justa y enfocada a la dignidad de la persona.

En un Estado Social y Democrático de Derecho, la administración ha de sumirse y supeditar sus actuaciones al principio de juridicidad, lo que limita el ejercicio del poder, evita actos arbitrarios, y se opone a toda vulneración de los derechos fundamentales de los administrados.

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