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El derecho al libre desarrollo de la personalidad, censura previa y protección de los derechos fundamentales

Por Raquel Cruz
El artículo 43 de la Constitución de la República Dominicana establece que «Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las impuestas por el orden Jurídico y los derechos de los demás».

En tal sentido las personas pueden hacer todo aquello que la ley no prohíbe, lo que constituye la consolidación del principio de vinculación negativa a la legalidad, es decir, que los ciudadanos pueden hacer o bien dejar de hacer todo cuanto deseen, con las únicas limitaciones que impone la ley y el ordenamiento jurídico.

El libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental, el mismo protege a las personas ante la imperante necesidad de hacer o dejar de hacer todo lo que se quiera sin que primen intromisiones, injerencias, ni mandatos del Estado, de sus dependencias, o bien de otros particulares.

Magistralmente ha establecido la Sentencia T-516/98 de la Corte Constitucional de la República de Colombia respecto de este tema lo siguiente: «No corresponde al Estado, ni a la sociedad, sino a las propias personas decidir la manera como desarrollan sus derechos y construyen sus proyectos de vida y sus modelos de realización personal; en eso consiste el derecho al libre desarrollo de la personalidad, frente al cual, como se desprende de la amplia jurisprudencia de esta corporación al respecto, debe hacerse énfasis en la palabra “libre”, más que en la expresión “desarrollo de la personalidad”.

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En ese tenor continúa estableciendo la pieza jurisprudencial: «Por consiguiente, constituye una violación a este derecho, cualquier vulneración que le impida a una persona “en forma irrazonable”, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia y permiten su realización como ser humano”.

El precepto Constitucional establecido en el artículo 40 numeral 15, de nuestra Carta Magna, establece que «A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica».

Tal y como establece el autor Eduardo Jorge Prats en su artículo La Reserva Constitucional de Administración, de la Revista Dominicana de Derecho Constitucional: «El principio de igualdad establecido en la Constitución implica que ninguna persona puede ser constreñida a cumplir con lo que no ha sido objeto de reglamentación legal, que la ley es general en cuanto a su aplicación y que no rige para casos particulares o para individuos o grupos de individuos, y que esta igualdad solo admite las diferencias jurídicas que tengan una justificación racional y objetiva».

En el Estado Social y Democrático de Derecho, el derecho al libre desarrollo de la personalidad debe garantizar la plenitud de libertad sin injerencias, intrusiones, intromisiones o exigencias irracionales que impidan el libre desarrollo de la persona, íntimamente relacionada a su libertad de expresión por cualquier medio de su elección, por lo que cualquier limitación que prime en este sentido ha de estar soportada en el ordenamiento Jurídico, pero además debe ser razonable y con observancia plena a la Constitución de la República Dominicana.

Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa (art. 49 de la Constitución de la República Dominicana).

La censura previa es, conforme lo explica el autor Henry J. Abraham, «Todo procedimiento impeditivo que forma parte de una política aplicada de antemano por funcionarios administrativos vigilantes en gobiernos «autoritarios», dirigida a que las ideas no lleguen libremente al público, a raíz de reputárselas peligrosas para el control de la sociedad por los gobernantes o contrarios a los intereses de estos».

La censura previa, si no esta enmarcada dentro de la exclusiva situación en la que se permite previa reglamentación por ley, (según la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José), atendiendo específicamente a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y su acceso a ciertos espectáculos públicos, constituye un menoscabo al libre desarrollo de la personalidad como derecho fundamental y es incompatible con el Estado de Derecho donde prima un ordenamiento jurídico de democracia Constitucional.

El impedimento de antemano de la exposición de ideas por considerarse peligrosas o amenazantes para los que ostentan el poder, pone en riesgo el respeto de la dignidad y derechos fundamentales de la persona.

Los artículos 8 y 38 de la Constitución de la República Dominicana son muy claros; nuestro Estado Social y Democrático de Derecho tiene una función y fundamento esenciales orientados a la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto a su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social.

El Estado se estructura y organiza para la protección real y efectiva de los derechos que le son inherentes a sus ciudadanos, el respeto a la dignidad de la persona y la protección efectiva de los derechos fundamentales constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

Como hemos establecido precedentemente, el derecho al libre desarrollo de la personalidad constituye un derecho fundamental, de la mano de este, el derecho a expresar libremente las ideas no puede ser conculcado, no debe ser limitado por intentos de censuras y prohibiciones incompatibles con el Estado Social y Democrático de Derecho.

Tal y como ha expresado el escritor Español Fernando Sánchez Dragó: “La libertad de opinión y expresión, que es sagrada, sólo puede existir en el contexto y el caldo de cultivo del decoro, la buena educación, el buen gusto y el respeto a la dignidad de las personas

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