Por Juan Antonio Mateo Ciprian
Las criptomonedas, basadas en la tecnología de cadena de bloques, han reconfigurado drásticamente las finanzas globales y la forma en que funcionan los sistemas económicos legales de diversos países. Este articulo evalúa cómo las monedas digitales están transformando la banca, la fiscalidad y la supervisión en más de 20 naciones que ya las han autorizado oficialmente, mientras que otras 130 muestran grados variables de aceptación o pruebas regulatorias. Se contemplan sus ventajas, como la descentralización y la inclusión financiera, así como los peligros relacionados con la volatilidad, el lavado de dinero y la falta de regulaciones armonizadas.
Por ello, es clave procurar una legislación dinámica, proporcionada e internacionalmente concertada que permita explotar su potencial innovador sin comprometer la legalidad ni la estabilidad económica. Con el surgimiento de un nuevo orden financiero, desde que Satoshi Nakamoto publicó el libro blanco de Bitcoin en 2008, “las criptomonedas han irrumpido con una innovación económica sin precedentes en las finanzas mundiales”. Lejos de ser una moda pasajera, su uso se ha extendido de manera exponencial, abarcando pagos digitales, inversiones institucionales, remesas, contratos inteligentes y servicios descentralizados.
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Igualmente, esta transformación ha creado nuevas oportunidades económicas, pero también ha desafiado los marcos jurídicos existentes, puesto que muy pocas legislaciones nacionales no estaban preparadas para responder a este fenómeno criptográfico. Por ello, se torna urgente reflexionar sobre el impacto de las criptomonedas en la economía legal, sus peligros, beneficios y, sobre todo, las estrategias regulatorias necesarias.
Asimismo, el panorama global plantea que algunos países alrededor del mundo han reconocido de diferentes maneras el uso de criptomonedas. Hasta la fecha, se estima que al menos 20 naciones han establecido marcos jurídicos para regular su uso como medio de pago, inversión u otros fines. Cabe destacar algunos ejemplos pioneros que el Salvador aprobó en 2021 una ley histórica al declarar al Bitcoin como moneda de curso legal, marcando un hito a nivel global. Sin embargo, la República Centroafricana adoptó un modelo similar, aunque con resultados más limitados. Mientras, Japón reconoce legalmente al Bitcoin y ha desarrollado normas avanzadas para regular el funcionamiento de exchanges.
Por el contrario, países como Alemania y Suiza legalizaron su uso como instrumentos financieros sujetos a determinadas normas impositivas. Asimismo, Emiratos Árabes Unidos y Singapur otorgan licencias a plataformas de intercambio y zonas especiales bajo supervisión estatal. En ese contexto, en Latinoamérica, naciones como Brasil, Colombia, Argentina y México avanzan en la elaboración de marcos normativos, aunque sin dar un reconocimiento total. República Dominicana muestra interés a través de sus autoridades bursátiles y tributarias, pero todavía carece de una legislación definitiva.
En concreto, la capitalización global supera los USD $2.5 billones para el primer trimestre de 2025, según CoinMarketCap. Se calcula que hay más de 500 millones de usuarios en todo el mundo. Diariamente se mueven cantidades superiores a los $150 mil millones, de acuerdo a Statista. Anteriormente, en 2023, las remesas en criptomonedas en Latinoamérica superaron los $50 mil millones, según el BID. Incluso bancos como JPMorgan y Santander ofrecen ahora productos basados en criptoactivos, debido al fuerte crecimiento del sector.
En cuanto a las ventajas de las criptomonedas se pueden señalar: a) La descentralización y control individual, b) Acceso financiero sin bancos, c) Costos bajos y rapidez en transacciones, mientras que, respecto a las desventajas: a) Alta volatilidad de precios y c) riesgo de uso para actividades ilícitas. La adopción de criptomonedas trae tanto oportunidades como retos. Si bien permiten una economía digital más inclusiva e innovadora, su naturaleza descentralizada plantea desafíos regulatorios y de transparencia que los gobiernos buscan resolver.
Analizamos algunas aristas clave como la vulnerabilidad ante ciberdelito y hurto digital, así como falta de resguardo legal para las víctimas, hacen necesario cimiento normativo más sólido. Sin embargo, la tecnología blockchain ofrece transparencia sin precedentes que, bien aprovechada, puede mitigar riesgos. Por otro lado, su capacidad para tokenizar activos abre caminos inéditos para la inversión global y el comercio de nuevos derechos virtuales. Esto potencia economías digitales más accesibles e inclusivas. No obstante, su impacto ambiental por la «minería» de criptomonedas no puede soslayarse.
Aun así, contratos digitales inteligentes automatizan transacciones de forma eficiente, aunque la pérdida de claves privadas dificulta recuperar fondos. Por fortuna, iniciativas DeFi prometen servicios financieros más ágiles y a bajo costo sin intermediarios. En suma, si bien su uso puede entorpecer la tributación y el rastreo de capitales ilícitos, con regulación pragmática que acompañe la innovación, las criptomonedas impulsan un futuro de comercio electrónico más abierto e inclusivo. Los desafíos son complejos, más la cooperación global apunta a resolverlos de forma equilibrada.
En la República Dominicana, el uso de criptomonedas ha aumentado considerablemente, especialmente en plataformas peer-to-peer y como forma alternativa de inversión. Sin embargo, el país aún no ha aprobado una legislación específica que regule su utilización adecuadamente. Actualmente, la Superintendencia del Mercado de Valores ha emitido advertencias al público sobre los riesgos de invertir en criptoactivos no autorizados legalmente. “Paralelamente, el Banco Central ha alertado que el Bitcoin no constituye moneda de curso legal en el país de manera oficial”.
No obstante, existe una creciente demanda del sector privado y académico para diseñar una ley de activos virtuales, que permita armonizar la innovación con la protección al consumidor y la prevención del lavado de dinero. La necesidad de una regulación moderna y global ante la expansión de las criptomonedas, los Estados deben moverse de la inacción a una regulación inteligente basada en cinco pilares fundamentales: 1) Identificación obligatoria (KYC): Toda plataforma debe requerir verificación de identidad para prevenir delitos como el fraude, 2) Normas fiscales transparentes: Las ganancias en criptomonedas deben tributar bajo normas claras y viables aplicables a nivel global, 3) Protección al usuario: Deben establecerse canales de reclamo, seguros frente a hackeos y estándares de calidad técnica confiables, 4) Interoperabilidad legal: Es necesario establecer marcos que funcionen de manera armoniosa a nivel regional y global, y 5) Capacitación institucional: Las autoridades judiciales, fiscales y reguladoras deben estar preparadas para enfrentar estos nuevos desafíos de forma competente.
En definitiva, las criptomonedas han traído consecuencias imprevistas que abren la puerta a un nuevo orden económico global. “Su impacto en el statu quo financiero ha planteado tanto desafíos como promesas interesantes”. En su naturaleza convergen la innovación disruptiva, la necesidad de regular su funcionamiento de forma equitativa y la búsqueda de un progreso justo y duradero. Lo que se requiere es una visión de largo plazo que comprenda la tecnología como una herramienta al servicio del avance colectivo. Bien normadas, las criptomonedas pueden cooperar para lograr mayor transparencia, eficiencia y acceso democrático a las finanzas.