Destacadas de CiudadOriental.comOpiniones

Comercio informal, recuperación de los espacios públicos y derecho al trabajo

Por Raquel Cruz Díaz
Para los Gobiernos Locales más exitosos de América Latina el valor de la recuperación de los espacios públicos ha sido un tema obligado, siendo la administración de Enrique Peñalosa al frente de la alcaldía de Bogotá la que marcó la pauta, fundamentándose en la seguridad ciudadana desde la perspectiva de “Construir Ciudad” dando valor a la recuperación de los espacios públicos, así como también a los espacios urbanos abandonados que se habían convertido en nichos de delincuencia transformándolos en espacios seguros y de orden.

Al abordar el tema que nos ocupa desde una perspectiva social, es importante acercarnos a las diferentes formas de ocupación y uso de los espacios públicos, observando de manera especial el comercio informal que por años ha contravenido y entrado en conflicto con la esencia básica de los espacios de dominio público, pues transgreden y afectan la noción fundamental de espacio común, de uso igualitario para todos y disfrute colectivo y equitativo.

La norma jurídica y la doctrina municipal claramente establecen el concepto de espacio público, sin embargo, no podemos dejar de lado la concepción social de algunas ocupaciones del espacio público, lo que hace que se desarrolle una imperante necesidad de introducir el término “Regulación del uso de los Espacios Públicos”, abriendo espacios a normativas de comercio informal.

Verificando las prácticas cotidianas la ocupación de los espacios públicos ha sido objeto de conflictos sociales entre los ocupantes y la ciudad, lo que nos lleva a analizar la interacción de las diferentes formas sociales, las racionalidades y viabilidades alternas que deben imperar en la ordenación del espacio público, teniendo en cuenta las categorías de la ocupación abriendo paso a la regulación.

Es por lo que indiscutiblemente debemos abordar lo que la Socióloga y Magíster en estudios urbanos, Sonia Marcela Galeano Rojas ha diferenciado como la “Ocupación debida de los Espacios Públicos” y “la ocupación de-vida de los Espacios Públicos”

No quiere decir esto que la ciudad debe ser permisiva y tolerar el abuso en el uso de los espacios públicos, consintiendo instalaciones antojadizas, ilegales y alejadas de todo tipo de control; lo que manifestamos es que existe una ocupación de los espacios públicos fruto de la marginalidad social y de la inequidad en la distribución de los bienes, que no es exclusiva de la República Dominicana, podríamos decir que es una constante en América Latina, por lo que los actores económicos informales surgidos de esta necesidad social deben ser incorporados a un sistema de vigilancia y regidos por una formalidad Municipal, en los casos que sea posible.

«Se trata de buscar una salida normativa que, sin romper el orden de derecho al disfrute, colectivo proporcione a los actores del comercio informal un espacio donde desarrollar sus actividades económicas sin lastimar el espacio urbano, sin menoscabo del espacio físico y estético de la ciudad, sin alterar el derecho de los munícipes; se trata de regular su ocupación en escenarios posibles dentro del espacio público previamente determinado por el ayuntamiento» (Raquel Cruz Díaz)

Desde el punto de vista jurídico este es un tema que por décadas ha sido discutido y en sentido general la jurisprudencia constitucional de Colombia ha analizado que en los procedimientos de desalojo de terceros que ocupan los bienes de dominio público, la regla es que el espacio ocupado por vendedores ambulantes que ya han sido favorecidos con licencias, deben entrar en un diseño y ejecución adecuado y razonable, es decir, en planes de reubicación debido a que las actividades que se consideran jurídicamente aprobadas y permitidas, en las que de alguna forma la autoridad municipal ha consentido la ocupación del vendedor ambulante o haya otorgado licencias o autorizaciones deben recibir un trato diferenciado.

Cuando se sugiere “alguna forma en la que la autoridad municipal haya consentido la ubicación del ocupante” nos referimos a que el ayuntamiento deberá evitar consentir la ocupación del espacio público por omisión, ya que si en algún momento ha sido tolerada por la administración municipal al punto de ofrecer servicios básicos tales como limpieza, alumbrado, vigilancia, entre otros, o el cobro de arbitrios, estas podrán ser consideradas expresiones implícitas y tacitas de que la autorización ha sido otorgada por la autoridad municipal, ha consentido su aprobación para la ocupación del vendedor.

Esta tolerancia en la que el Gobierno Local no puede alegar ignorancia generará derechos sobre los concesionarios, y esto abrirá el espacio para invocar violación del principio de confianza legítima de los ocupantes ante cualquier desalojo, ya que ocuparían el espacio público de manera prolongada, continua, permanente y legal en virtud de una licencia o del consentimiento implícito de la ocupación.

El conflicto que se genera entre la obligación de la ciudad por recuperar y preservar los espacios públicos y el derecho al trabajo, inclina la balanza en favor del primero en virtud del interés general en el que se fundamenta y la obligatoriedad de priorizar el interés de todos por sobre el particular.

Pero igualmente se ha reconocido que el proceso de recuperación de los espacios públicos ha de ir acompañado del diseño de políticas para preservar el derecho al trabajo, poniendo en ejecución mecanismos para que las personas que se vean perjudicadas puedan ser reubicadas en otro lugar determinado por la administración, siempre que se demuestre que ha sido defraudada la buena fe con la intempestiva ejecución de actuaciones policiales de desalojo.

A tales efectos la Corte constitucional de Colombia reitera en su sentencia T-926 de 2010 el principio de confianza legitima en materia de espacio público que impone al Estado el deber de respetar expectativas favorables que su actuación activa u omisiva genere en vendedores informales, estableciendo que:

“Las medidas de recuperación deben orientarse por un proceso administrativo que garantice el derecho de defensa de los ocupantes del espacio público y provea planes de reubicación para aquellos comerciantes que demuestren que están amparados por el principio de confianza legítima, que emana, no sólo de los actos expresos de la administración como la expedición de licencias o permisos, sino que también surge de la tolerancia y permisividad de ésta en el ejercicio prolongado de las actividades comerciales en el espacio público, es decir, por omisión”.

Y continúa estableciendo la pieza jurisprudencial: “En conclusión, en lo que respecta al conflicto entre la recuperación del espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores informales que lo ocupan, el principio de confianza legítima “impone al Estado el deber de respetar las expectativas favorables que su actuación activa u omisiva ha generado en los vendedores informales, respecto de la perdurabilidad del desarrollo del ejercicio de sus actividades laborales en el espacio público”.

Es el espacio público un factor que simboliza el equilibrio en una ciudad, que se traduce en progreso y aumento de la calidad de vida de las personas, el espacio público se convierte en un referente de seguridad de las ciudades, la transformación urbana de la ciudad es necesaria porque el espacio público es más de lo que representa visualmente, es convivencia, armonía, es paz y tranquilidad, representa equidad e igualdad para los ciudadanos pues sin importar la condición social hacer el uso del espacio público correcto significa hacerlo en igualdad de condiciones.

La conquista de recuperación del espacio público ha de construirse sobre el respeto al debido proceso administrativo, la administración local está atada al principio de legalidad.

Abogamos indiscutiblemente por el cumplimiento de la ley, pero tal y como dijo el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, en el marco de una ciudad apegada a la cultura ciudadana:

“A mí no me da miedo aplicar la autoridad para hacer cumplir la ley; pero, la autoridad hay que aplicarla basada en la pedagogía, más que en la fuerza, porque eso es lo que la hace legítima”-

Otros artículos de la misma autora que puede ser de su interés:

  1. La administración local: los Ayuntamientos y Distritos Municipales; entes descentralizados Vs órganos desconcentrados
  2. La responsabilidad patrimonial ante la ineficiencia de los servicios públicos de las alcaldías
  3. El Principio de Juridicidad: la evolución contemporánea del Principio de Legalidad
  4. El debido proceso administrativo
  5. Recuperación de oficio de los espacios públicos y el derecho colectivo de los ciudadanos
  6. La Reserva de Ley de la Potestad Sancionadora
  7. La buena administración es un derecho fundamental
  8. La dificultad de la administración para revocar sus propios actos
  9. La potestad sancionadora de los Gobiernos Locales
  10. Seguridad, Prevención y Gobiernos Locales
  11. Hacia un proyecto de Cultura Ciudadana logrado desde las Alcaldías
Compartir:
  • 100
    Shares
Botón volver arriba